El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) vislumbra una posible inequidad en los próximos procesos electorales, si los partidos políticos utilizan sus ahorros en las campañas.

Así lo advierte un análisis de principios de marzo elaborado por este órgano jurisdiccional, después de la aprobación en el Congreso dela Unión de las reformas en la materia, y apunta que se corre el riesgo de que los partidos políticos con más recursos públicos utilicen esos ahorros para promover a sus candidatos sin ninguna restricción, lo cual violentará el principio de equidad en las contiendas.

El documento indica que, en las nuevas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, se establece que los remanentes del financiamiento público podrán aplicarse en otros rubros, siempre y cuando sean lícitos, pero no los acota.

Con esta reforma, el TEPJF teme que los institutos políticos podrían hacer uso de sus remanentes para otros fines, ya que la ley no establece limitaciones ni prohíbe que se empleen en gastos de campaña futuros.

El documento afirma que “las autoridades jurisdiccionales deberán ser vigilantes para observar cuál es la magnitud de la incidencia de estos ‘ahorros’ en términos de equidad en la contienda, particularmente en relación con otros partidos más pequeños en fuerza electoral o los locales, que no reciben la misma proporción de financiamiento que los nacionales”.

Antes de la reforma electoral, publicada el pasado 2 de marzo, diversos artículos del Reglamento de Fiscalización establecían que, en caso de existir remanentes, éstos debían ser reintegrados, ya sea en cuentas bancarias o en las concentradoras de los partidos y enviarse a los comités ejecutivos nacionales.

Ahora, el inciso d del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece que las fuerzas políticas pueden hacer uso de los recursos públicos que les fueron asignados y que no gastaron al término de determinado año fiscal, al señalar que en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus fondos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados, pero en subsecuentes ejercicios fiscales, así como para la elección federal o local siguiente.

Para el tribunal, esta nueva disposición representa un desequilibrio en la competencia de los procesos electorales, al considerar que no habrá piso parejo.

Al alud de casi mil reclamos judiciales contra el plan b recibidos por el tribunal en las últimas dos semanas, se suman 20 nuevas impugnaciones que serán discutidas en la sesión pública de mañana.