Ciudad Juárez, Chih., Diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo y Movimiento Ciudadano (MC) aprobaron por mayoría otorgar a la gobernadora panista María Eugenia Maru Campos Galván hasta 21 días al mes para ausentarse del cargo sin solicitar autorización a la legislatura.

Para ello, de manera expedita, sin presentar el anteproyecto a todos los diputados, se llevó al pleno la modificación al artículo 91 de la Constitución estatal, el cual estipula que de rebasarse el tiempo indicado se presentará un informe al Poder Legislativo.

Diputados de Morena refutaron la iniciativa presentada por Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista. Los legisladores Benjamín Carrera y Leticia Ortega consideraron que las modificaciones fueron resultado del mayoriteo del PAN y presentaron reservas que rechazaron las bancadas panista, priísta y de MC. La propuesta fue aprobada en lo general con 23 votos a favor y ocho en contra.

El grupo parlamentario de Morena solicitó a los 67 ayuntamientos chihuahuenses rechazar las modificaciones constitucionales. El coordinador del blanquiazul exigió a Morena respetar la autonomía municipal, que no se meta en los asuntos de los municipios; ellos van a deliberar sobre la aprobación de esta reforma.

Con los cambios a la Constitución chihuahuense se autorizó, además de las ausencias sin aprobación legislativa, que el gobierno estatal deberá destinar al menos 3 por ciento de los ingresos de libre disposición al presupuesto participativo, recursos que se usarán en inversión pública productiva y se distribuirán de manera equitativa y proporcional.

También se reformó el artículo 94 de la Constitución local, que ordena observar el principio de paridad de género en los nombramientos de titulares de dependencias y entidades de la administración pública estatal, subsecretarías, coordinaciones y direcciones, lo mismo que en la integración de organismos autónomos.

Las modificaciones que afectan a entidades paraestatales, el Ejecutivo del estado y a dependencias centralizadas, entrarán en vigor el 8 de septiembre de 2027, y serán aplicables para los nombramientos que se realicen con posterioridad a esa fecha, respetando los derechos laborales de los servidores públicos nombrados previamente.