ue el 19 de junio de 2017 cuando escuchamos por primera vez la expresión Gobierno espía, como titular de una investigación periodística publicada por el New York Times y realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC. Aquel trabajo denunciaba el ataque con el malware Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano, mediante el cual se accedió a la información e intervinieron las comunicaciones en los dispositivos móviles de 76 periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, a pesar de la narrativa reiterada por el presidente López Obrador de nosotros no somos iguales, el caso no sólo permanece impune, sino que siguen efectuándose las mismas prácticas de espionaje sin ningún escrutinio o control de carácter judicial o parlamentario.

Nuevas pruebas del espionaje ilegal fueron presentadas por las mismas organizaciones en octubre del 2022, ahora bajo el título de Ejército espía. Con documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, se demostró el espionaje de dos periodistas y un defensor de derechos humanos desde la Sedena, y con el conocimiento de su titular, Luis Cresencio Sandoval, durante la actual administración.

El caso volvió a tomar revuelo recién el pasado 7 de marzo, cuando se presentó nueva evidencia del espionaje realizado en 2020 por elementos del Centro Militar de Inteligencia al defensor Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha documentado y dado seguimiento a casos de ejecuciones extrajudiciales en dicha zona fronteriza. Tres días después, 10 de marzo, a pregunta expresa en su conferencia matutina, López Obrador insistió que su gobierno no espía a opositores y que, en todo caso, dichas acciones no deben ser consideradas como espionaje, sino como actividades de inteligencia.

La recurrencia a esas respuestas, no obstante las crecientes evidencias de espionaje ilegal, sólo agravan el problema, pues naturalizan el clima de impunidad frente a casos de violación a derechos humanos y ensanchan más, si cabe, el aval sin condiciones que el jefe del Ejecutivo ha dispensado a las fuerzas armadas, a las que ha convertido en actor intocable. La preocupación se eleva al observar que dicho Centro Militar de Inteligencia, que maneja la tecnología de Pegasus y elabora productos documentales de inteligencia, opera sin control legal ni bajo algún mecanismo de rendición de cuentas.

Así, contra lo que la 4T ha afirmado desde sus inicios, ha quedado en evidencia una vez más que el gobierno y el Ejército siguen practicando espionaje ilegal a actores civiles para desvirtuar su labor y defender a ultranza la imagen de instituciones que vulneran los derechos humanos en el país. Es, por decir lo menos, inexacto lo afirmado por el Presidente, pues confunde los términos espionaje con inteligencia. El espionaje es un medio para recolectar información y con posterioridad hacer la labor de inteligencia. Por lo que el tema central es si su gobierno espía mediante órdenes judiciales o a través de una entidad de carácter militar que no está sometida a ningún control de carácter democrático.

En los hechos, en vez de fortalecer los contrapesos institucionales que garantizan, en lo general, la viabilidad democrática del país y, en lo particular, la validez de recursos extraordinarios como el uso de la inteligencia para el combate al crimen organizado, López Obrador ha optado por minar el de por sí débil ecosistema institucional democrático que heredó y fortalecer las facultades y poderío de las fuerzas armadas, ya sea de manera formal, reformando marcos legales que les brindan mayores facultades, o en la vía de los hechos, justificando su actuación ilegal como en el presente caso del espionaje.

Las fuerzas armadas, se han afianzado en el presente sexenio como institución metaconstitucional a la que se le retiran los controles y mecanismos de rendición de cuentas y se le conceden cada vez más facultades civiles. Ante ello es necesario activar el debate sobre los contrapesos y controles para el uso de tales recursos de inteligencia que tendrían que consolidarse desde los ámbitos judicial y legislativo y entre los órganos constitucionales autónomos, como el INAI y la CNDH, a quienes el propio gobierno ha desacreditado y debilitado. Lo que sí diferenciaría a este gobierno de los del PAN y PRI y con ello daría asidero a la reiterada afirmación del Presidente de que su gobierno no es igual a los anteriores, es que se abriera una amplia discusión desde los tres poderes de la unión para consolidar un andamiaje de controles y supervisión en la labor de espionaje de aquellos actores que ponen en riesgo la seguridad nacional.

Mientras no existan marcos legales robustos y controles democráticos frente a esas facultades estatales, su uso será sumamente riesgoso y susceptible de ser utilizado para fines políticos por el gobierno en turno. Un gobierno que espía a las víctimas y no a los victimarios es un gobierno autoritario.