Ciudad Juárez, Chih., Luisa creyó entrar a una oficina para regularizar su estancia en México, pero de repente se vio detenida. La muerte de 39 migrantes en una de esas instalaciones reveló un atropello más contra quienes buscan llegar a Estados Unidos.

Eso es un calabozo, un centro de reclusión, como que uno fuera un delincuente, dijo a la agencia noticiosa Afp la venezolana Luisa Jiménez, en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

Se refiere al recinto donde estuvo detenida meses atrás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, adonde según ella fue conducida con la promesa de que obtendría un permiso para estar en México antes de solicitar asilo en Estados Unidos. En realidad le notificaron que debía abandonar el país.

Es un sitio asqueroso, añade la mujer, de 56 años, describiendo condiciones similares a las del centro de Ciudad Juárez, donde un incendio mató a 39 migrantes recluidos en una celda. Esa tragedia se desencadenó la noche del pasado lunes cuando un migrante prendió fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.

No hay extintores, detectores de humo. Sí hay cámaras, cuenta a Afp el nicaragüense Moisés Chávez, de 41 años, quien apenas hace una semana estuvo retenido en el mismo calabozo, un lugar maloliente de 84 metros cuadrados donde los agentes tratan con desdén a los migrantes, según su descripción.

Era la segunda vez que lo conducían a esa dependencia del Instituto Nacional de Migración (INM).

En el papel, este tipo de instalaciones son centros de servicio y de alojamiento para extranjeros que no pueden acreditar su permanencia legal en México.

Pero ahí lo tratan a uno como preso, asegura la venezolana Yusleidy García, quien estuvo detenida en la estancia provisional de Ciudad Juárez. Mujeres y hombres son confinados en instalaciones separadas.

Pasé la noche con frío, te quitan todas tus pertenencias. En la celda donde yo estaba había 150 personas de varias nacionalidades, denuncia.

Esas condiciones contrastan con las reglas para estos lugares emitidas por el gobierno en 2012, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene, así como resguardo y protección de las personas y del inmueble en caso de motines.