Ha pasado mes y medio y las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, a cargo de Lía Limón García y Santiago Taboada Cortina, respectivamente, no han entregado al Congreso de la Ciudad de México ningún informe sobre su actuación por presuntos actos de represión y hostigamiento contra comerciantes ambulantes.

El 14 de febrero, el pleno del Poder legislativo local pidió información sobre denuncias que han hecho ambulantes sobre presuntas reubicaciones arbitrarias o la prohibición de ejercer su labor; sin embargo, sólo han respondido los alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

La primera demarcación reconoció que llegó a un acuerdo con ellos para que no se instalen en la avenida Masaryk –la más cara de la Ciudad de México–, pese a las denuncias que en su momento comerciantes realizaron contra el panista Mauricio Tabe, a quien acusaron de no dejarlos trabajar.

En tanto, la alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Sandra Cuevas, negó cualquier tipo de hostigamiento contra los vendedores informales, aun cuando en el exhorto enviado por el Congreso local se hizo mención de dos casos sobre uso de la fuerza pública y actos de represión en contra de trabajadores no asalariados de la calle Obrero Mundial y Eje Central, además de hostigar a un grupo que se manifestó para que pudieran trabajar en el bazar Álvaro Obregón.

Los problemas que fueron expuestos por los diputados van desde acoso hasta presuntos actos de corrupción, como en Miguel Hidalgo, donde integrantes de la Asociación de Comerciantes Unidos de Oriente revelaron que pagan cuotas semanales que van desde los 7 mil hasta 60 mil pesos para permitir la instalación de puestos.

“Hay diversas actitudes nefastas por parte de autoridades panistas que de forma reiterada han obstaculizado a comerciantes para la realización de sus labores, ya sea por medio de retiros injustificados, reubicaciones o pedida de moches”, se lee en el exhorto que aún no ha sido respondido por las autoridades.