Sin esperar a la definición de la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya prepara las elecciones del año entrante con las normas vigentes, previas al plan B.

Acorde con la disposición actual, el proceso electoral 2023-2024 se inicia en septiembre y, en caso de que fuera ratificada la reforma, éste comenzaría la tercera semana de noviembre, con un instituto restructurado.

Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, señaló que la ratificación del plan B dejaría inoperante al organismo; sin embargo, aun en tal escenario se podría echar mano de acuerdos especiales para subsanar la reducción de personal que traería consigo.

Subrayó que en ningún caso se debe pensar en inventar un nuevo INE, al contrario, es obligatorio cumplir, sin prejuicios, la responsabilidad de alistar una magna elección.

Las semanas siguientes serán cruciales y marcadas por la decisión de la Suprema Corte, así como por el presupuesto que se asigne al INE para 2024.

Por lo pronto, toda la estructura del instituto, así como de los organismos públicos locales (Oples), deberá ponerse en marcha, pues en las contiendas del año próximo se disputarán, en total, 20 mil 263 cargos: la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías y 19 mil 634 puestos locales, incluidas ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde ahora se preparan los lineamientos relacionados con las boletas electorales, actas y documentos auxiliares.

También se proyecta la elaboración y/o adecuación de los lineamientos para las distintas formas de votación, tanto la ordinaria como la anticipada (para personas incapacitadas para acudir a la casilla); además, las modalidades en las que se aplicará el sufragio de personas en prisión preventiva, no sentenciadas y que no han perdido sus derechos políticos.

En cuanto a los materiales electorales, el consejero comentó en entrevista con La Jornada que se hará un inventario para determinar las cantidades faltantes –de urnas y mamparas– para un contexto de instalación de 170 mil casillas, aproximadamente; si bien se utilizará lo ya disponible, se detallará, por ejemplo, cuántas harían falta para el día de los comicios.

De manera simultánea se actualiza la lista de consejeros locales, uno por cada entidad federativa, a fin de determinar si sus integrantes –seleccionados en 2021 para dos periodos electorales federales– cumplen aún con las condiciones de imparcialidad e independencia.

Y es que algunos pudieran estar en situación no compatible con el nombramiento, por haber ocupado un cargo público o partidista en ese tiempo. En tal caso, deberá hacerse el proceso para ocupar vacantes.

A su vez, los consejos locales harán lo propio con los integrantes de los 300 consejos distritales.

Estamos ahorita trabajando a buen tiempo, pero intensamente para que en agosto esté todo listo. Es planeación, pero también es elaboración y diseño de lineamientos, algunos que se aprueban incluso antes del inicio del proceso electoral, explicó Rivera.

–¿Qué diría a sus colegas y a los diputados respecto de las necesidades materiales?

–Primero, por responsabilidad se tiene que garantizar el presupuesto suficiente, para lo cual se necesitan buenos diagnósticos y tomar en cuenta las características que por ley, reglamento, lineamiento o acuerdos especiales se tienen que cumplir.

Una recomendación general respecto del presupuesto es que no vamos a inventar un nuevo instituto ni un nuevo proceso electoral; tenemos una gran historia que nos deja muchas enseñanzas y que tenemos que ajustar para las elecciones del año entrante.

Este proceso, añadió, se tiene que hacer, en lo esencial, con base en un diseño constitucional, legal, reglamentario y operativo que ha demostrado que funciona bien.

¿Qué tenemos que hacer? Una serie de ajustes basados en evidencias, en evaluaciones objetivas, sin prejuicios y sin precipitación; no hay que reinventar todo, hay que adecuar a las circunstancias de 2024 todo lo necesario, explicó.

–En la hipótesis de que la Suprema Corte refrendara el plan B, ¿qué ocurriría con los preparativos en curso?

–Por realismo y por responsabilidad, trataríamos de dejar todas las capacidades operativas íntegras, aun con esa hipótesis de que se validara una ley que si bien prevé una muy severa disminución de la estructura operativa del INE, que si se cumpliera a la letra podría dejarlo inoperante, incapaz de organizar bien las elecciones.

Sin embargo, mencionó que hay margen para que el organismo salga adelante, quizá mediante acuerdos especiales que respondan a la realidad, particularmente en materia de los recursos humanos necesarios.

Ante la Cámara de Diputados, dijo, tendríamos que explicar y demostrar que para realizar las elecciones se necesita un aparato profesional electoral capaz y que con eso no se debe jugar.