Dos de los tres integrantes del Comité de Impulso a la Justicia (CIJ) de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia presentaron sus renuncias de carácter inmediato al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, debido a la inexistencia de recursos financieros para llevar a cabo su mandato, falta de voluntad política y ausencia de acuerdos de colaboración con las fiscalías General de la República (FGR) y estatales.

Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus aseveraron que sin el apoyo económico y político de las instituciones gubernamentales, y dado el tiempo que resta del mandato de la comisión –termina en septiembre de 2024–, no es posible cumplir a plenitud las expectativas de justicia de los sobrevivientes y familiares de víctimas.

Al respecto, el secretario ejecutivo de la comisión, Félix Santana, señaló que en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2022 se destinó a los dos abogados un millón 874 mil 873 pesos exclusivamente para sus tareas, y para 2023 solicitaron incrementar los recursos asignados al rubro de honorarios, con salarios por encima de los ingresos que perciben servidores públicos del gobierno federal con responsabilidades de alto mando, situación que por norma interna no podía asumir la CNDH.