omo señalé el lunes pasado, México tiene un grave problema con los 8 millones de toneladas de basura tóxica; 126 más de residuos mineros; otras 30 de la industria química y 12 millones de los agroquímicos. Parte muy importante no se confina adecuadamente, se une a la basura no tóxica de las actividades económicas y los hogares o se tira por doquier. Los problemas a la salud de la población y al ambiente, incalculables.

Por décadas, el único lugar para confinar los residuos tóxicos estaba en Mina, Nuevo León, propiedad de la empresa Rimsa. Además de mal ubicado, no tenía capacidad para recibir más desechos. Para resolver parte del problema, se buscaron otros lugares.

En 1990 se eligió el primero, en 200 hectáreas de La Pedrera, municipio de Guadalcázar, estado de San Luis Potosí. Los primeros inconformes con el proyecto fueron los 600 habitantes de El Huizache, comunidad cercana al confinamiento. No fueron consultados sobre dicha obra. Pronto supieron los riesgos que representaba para su salud y sus actividades económicas. No creyeron en las promesas de los dueños del confinamiento de que apoyarían el desarrollo social de Guadalcázar.

A la oposición local se sumaron numerosos grupos defensores de la salud y el ambiente, encabezados por Green Peace, donde laboraba Fernando Bejarano González, destacada figura en la lucha contra las sustancias tóxicas y peligrosas. En tanto, una empresa estadunidense, Metalclaud, se hizo de la propiedad del proyecto. Lograron los permisos estatales y federales y hasta para ampliarlo, pero no los municipales. En Guadalcázar en 1990-91 se habían depositado ya irregularmente 20 mil 500 toneladas de residuos tóxicos originados en empresas automotrices, plaguicidas, química y metalmecánica. También 170 toneladas de medicamentos caducos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el conflicto escaló al ámbito internacional, pues cuando finalmente se logró clausurar Guadalcázar, Metalclaud demandó al gobierno mexicano por 130 millones de dólares en tribunales de Estados Unidos. Al final se redujo a poco más de 16 millones. Pero los desechos siguen ahí al deslindarse del problema en 2017 la instancia federal del ambiente.

Otro ejemplo de un confinamiento de desechos tóxicos aprobado por las instancias oficiales en 1998 pese a la oposición ciudadana, es el de General Cepeda, en Coahuila. Públicamente destacaron los problemas de todo tipo que traería esa obra en terrenos del ejido San José de la Paila. Pero se impusieron los intereses empresariales y político-oficiales estatales con el apoyo federal.

El activista José Luis García Valero señaló oportunamente a los responsables: el ex gobernador, Rogelio Montemayor, su hermano Jesús María y el titular de Medio Ambiente estatal, Rodolfo Garza Gutiérrez. Las comunidades consiguieron demostrar a la entonces titular de Semarnat, Julia Carabias, que Gabriel Quadri, que dirigía el Instituto Nacional de Ecología, la había engañado para obtener su firma en la autorización correspondiente. El proyecto se canceló definitivamente en 2000 a un alto costo para el gobierno federal.

Pero en 2014, la Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, SA de CV, parte del Grupo Ecolimpio, logró con artimañas la autorización ambiental para construir y operar un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos en terrenos de su propiedad, contiguos a las tierras de uso común del ejido Noria de la Sabina.

No informó a las comunidades aledañas, las engatusó ofreciéndoles una planta avícola para brindar empleo a las mujeres y otros servicios sociales. La comunidad, engañada, parceló y entregó a la empresa parte de las tierras de uso común. Tarde se dieron cuenta de su error y el confinamiento comenzó a funcionar. Fue clausurado en 2023, pero sigue activo con el visto bueno de las autoridades federales.

Es un caso que, como muchos otros en el país, exige abordarse en detalle en otra ocasión. Y hacerlo del conocimiento público para mostrar la corrupción que impera en el manejo y disposición final de los desechos tóxicos. Y apoyar la lucha ciudadana en pro de justicia ambiental. Como en Coahuila.