Es incalculable la tala ilegal de bosques que se da en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, principalmente en los municipios que son parte del llamado Triángulo Dorado, de donde se ve salir camiones cargados de madera y esto ocurre ante la ausencia de vigilancia y de programas para restaurar la zona. Afecta a las comunidades indígenas que son desplazadas y pierden el espacio donde reproducen sus costumbres y cosmovisión, señalaron organizaciones que lanzaron la campaña Lucha, resistencia y bosque.

Datos oficiales a 2018 indican que la producción legal de madera era de 1.6 millones de metros cúbicos en el estado, y una cantidad similar podría ser la ilícita; ante ello el Estado tiene que ver el problema de manera estructural, generar condiciones de seguridad y una estrategia que atienda la tala ilegal y las necesidades de las comunidades, sostuvo Citlali Hernández, coordinadora de la Iniciativa Global de los Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional, en conferencia de prensa para dar a conocer la campaña. Dijo que hay omisiones y violencia; la devastación modifica la vida de quienes viven en la sierra Tarahumara.

En la región hay cuencas hidrológicas que alimentan el río Conchos, que contribuye con más de 50 por ciento del agua que se paga a Estados Unidos con el tratado internacional, así como a Sonora, Sinaloa y Chihuahua; hay una interconexión de problemas que se van perfilando.

Para los pueblos indígenas, como los rarámuris, el bosque es parte de su identidad. No sólo dependen de la madera que provee la sierra, sino que son una ritualidad y una cosmovisión que no se pueden desarrollar de la misma manera con los daños irremediables que se viven en el bosque.

La situación de violencia se debe reconocer porque hay grupos con control territorial y se han generado desplazamiento forzado, asesinatos y trabajo forzado de grupos indígenas. Hay una sistemática agresión a los pueblos, dijo.

Existen redes de empresas que trabajan en la zona con permisos ilegales. Las autoridades tienen constancia de lo que ocurre, pues de eso se ha informado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las fiscalías, dijo por su parte Víctor Hugo López, director de La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Indicó que se requiere un plan integral de protección a las zonas deforestadas que incluya acciones urgentes para detenerla y la implementación de operativos permanentes. Las comunidades, afirmó, están desamparadas y los desplazados exigen un retorno digno.