l malestar cunde entre los profesores de educación indígena. De Baja California hasta Quintana Roo realizan concentraciones y protestas. El magisterio oaxaqueño convocó para este 16 de mayo a una movilización del nivel de educación de los pueblos originarios, en Palacio Nacional, a las 6 de la mañana. Poco después, a las 10, planean trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Su demanda central es muy sencilla: cancelar la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo Federal, para cambiar a la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe (Dgiib) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indios (INPI).

El pasado 13 de abril, el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos en materia de simplificación orgánica, en la que se incluye este cambio. También propone que el INPI absorba al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) (https://bit.ly/3IaoYsx).

La iniciativa busca dotar al INPI de facultades en materia de educación indígena, para consolidar y preservar la riqueza de las culturas indígenas. Según la exposición de motivos, es producto de consultas realizadas entre junio y julio de 2019, en 54 foros, efectuados en regiones indígenas de 27 entidades federativas, incluido uno dirigido a personas de origen afromexicano y otro a migrantes indígenas en Estados Unidos.

Aunque los recursos públicos destinados al sector son administrados directamente por la SEP sin duplicar funciones, la propuesta parte de consideraciones basadas en políticas de austeridad: necesidad de optimizar recursos, hacer eficiente el funcionamiento institucional de las autoridades competentes en la materia, y lograr el máximo beneficio de la educación indígena.

Para el magisterio indígena, la iniciativa es un grave retroceso. Ellos son ahora maestros federales que dependen de la SEP. Hace años, muchos de ellos o sus antecesores no: eran promotores educativos del Instituto Nacional Indigenista (INI), en 2003 convertido en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el antecedente del actual INPI. Para ser reconocidos como profesores de la SEP y no como promotores educativos, y contar con una base permanente y prestaciones laborales plenas, tuvieron que emprender grandes luchas en estados como Guerrero y Oaxaca. Volver a laborar para la agencia de desarrollo de los pueblos originarios, en lugar de hacerlo para la secretaría encargada de impartir la educación pública básica en el país, es regresar las manecillas del reloj de la historia muy muy atrás.

Ser traspasados al INPI implicará que los maestros indígenas dejen de pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Curiosamente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es particularmente fuerte en estados con muchos profesores bilingües. Su traslado a la agencia de desarrollo neoindigenista significará la amputación de sus contingentes más consolidados y combativos.

Dígase lo que se diga, para los maestros del sector también representará un enorme descalabro en sus condiciones laborales. De entrada, quedan suspendidas. En su lugar, entran a un limbo legal. Si pasan al INPI, su traslado a otros niveles educativos dentro de la SEP será casi imposible. Y su cambio a centros de trabajo ubicados en otras regiones de sus estados se volverá mucho más complicado.

Si, finalmente, la educación indígena pasa al INPI, lejos de mejorar, va a empeorar. El instituto no tiene competencias ni experiencia educativa. Es una agencia estatal que se ha jibarizado. Su presupuesto, en lugar de ampliarse, se ha reducido significativamente. Sus funciones se han acotado. Su director fue desconocido por importantes sectores del movimiento indígena, que no le reconocen ninguna autoridad. Sus antiguas oficinas nacionales están tomadas.

Es una ilusión suponer que el instituto y su director pueden hacerse cargo de manejar algo tan complejo como la educación de los pueblos originarios. Más aún con los maestros en rebeldía. El INPI no dispone de la infraestructura, ni del aparato operativo, ni de la tradición, ni de la experiencia para hacerlo. Por muchos años, con aciertos y limitaciones, es la SEP la que ha hecho ese trabajo. Cercenarle esas funciones es una grave regresión.

Lo que podría suponerse es una acción afirmativa, en realidad es un acto que puede parecer racista. No hay en la medida ningún elemento que pueda considerarse un paso adelante en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos originarios. ¿Por qué segregar en una agencia de desarrollo su enseñanza ? ¿Por qué separarla del resto del sistema educativo nacional? ¿Por qué no convertir lo que hoy es la Dirección de Educación Indígena Intercultural Bilingüe en una subsecretaría dentro de la SEP?

Aunque la iniciativa señala que es resultado de 54 foros de 27 entidades federativas, los maestros indígenas lo niegan. Ni fueron convocados ni participaron en ellos. Más: en ninguna de las reuniones efectuadas en junio y julio de 2019 se estableció el traspaso de la Dgiib al INPI. Por eso, los docentes dicen que no en mi nombre en protestas en Mérida, San Cristóbal de las Casas, Felipe Carrillo Puerto, la Wixárica, en la Montaña de Guerrero y Ensenada.

Lejos de solucionar problemas, el traspaso de los profesores de educación indígena al INPI los provocará, curiosamente donde no existían.

Twitter: @lhan55