Se espera que el gravamen genere mil 500 millones de dólares adicionales para el Estado
Jueves 18 de mayo de 2023, p. 23
Santiago. El Congreso chileno aprobó el miércoles un proyecto para aplicar un royalty (impuesto para entregar mayores recursos al Estado) a la minería de cobre y litio, al que la industria se había resistido argumentando que restaría competitividad al sector.
La iniciativa generará mil 500 millones de dólares adicionales para el Estado chileno, un tercio de los cuales se distribuirán entre todas las regiones del país.
Con 101 votos a favor y 24 en contra, los diputados aprobaron las modificaciones realizadas en el Senado, quedando la iniciativa para la promulgación del presidente Gabriel Boric.
El impuesto en el mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio contempla un componente ad valorem (según el valor de un bien) y uno sujeto al margen operativo de entre 8 y 26 por ciento.
El proyecto establece una nueva carga tributaria máxima de 46.5 por ciento para las operaciones anuales que superen las 80 mil toneladas métricas de cobre y de 45.5 por ciento para las empresas con entre 50 mil y 80 mil toneladas de cobre por año.
A través de esta legislación buscamos evitar que suceda lo que ocurrió en el pasado muchas veces con las riquezas naturales del país, que se explotaron, desaparecieron y dejaron muy poco para el país y su desarrollo futuro
, destacó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Previamente, la ministra de Minería, Marcela Hernando, informó que la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) actuará como ente fiscalizador en la estrategia lanzada por el gobierno para aumentar el control sobre la industria del litio en el país. El organismo es reconocido por su rol en la regulación y fiscalización de la vital industria del cobre, y sus informes son ampliamente usados por los actores del mercado del metal rojo.
El presidente Gabriel Boric anunció en abril que el Estado tendrá una participación mayoritaria en todos los proyectos de litio considerados estratégicos e instruyó a la estatal Codelco a iniciar discusiones con las empresas que operan actualmente en el codiciado Salar de Atacama, la estadunidense Albemarle y la local Sociedad Química y Minera de Chile.