l movimiento de los productores de maíz y trigo de Sonora y Sinaloa continúa y se advierte un endurecimiento en sus posturas. En mucho recuerda al movimiento de los agricultores en torno a la presa de La Boquilla, en Chihuahua, en 2020. Como entonces, un grupo importante de agricultores norteños se enfrenta al gobierno federal tomando instalaciones estratégicas, ahora de Pemex, e impugnan las políticas del centro. Como entonces, es peligroso reducir la inconformidad a una manipulación de los agricultores ricos para golpear al gobierno de la 4T.

El asunto del maíz en México tiene muchas puntas. Es una especie de alebrije de varias cabezas donde se revela la persistencia de prácticas e instituciones neoliberales, junto a esfuerzos justicieros hacia los campesinos y pequeños productores, políticas globales que colisionan con políticas nacionales y hasta locales.

Ningún país depende como México del maíz para su alimentación. Este hecho le confiere un carácter estratégico y de seguridad nacional a la gramínea. Hablamos del maíz blanco, criollo, de gran calidad nutricional, para consumo humano directo, en sus diversas formas. En la mayoría de los otros países el maíz es un componente, pero indirecto, digamos, de la alimentación, como forraje para la producción de carne, de leche o de huevos.

Pese a su importancia alimentaria, biológica, económica y cultural, nuestro maíz es tratado con las mismas reglas del mercado global que el maíz amarillo de otros países, para usos forrajero o industrial. Se le fija un precio internacional, como al producido en Iowa, Brasil o China. Peor: el maíz que importamos de Estados Unidos tiene un precio artificialmente rebajado, que no toma en cuenta los subsidios que Washington aplica a toda la cadena productiva maicera para sacar de competencia al de otros países. Esto lo advirtieron las organizaciones y movimientos campesinos desde antes de la firma del TLCAN para sacar maíz y frijol de este tratado y luego del T-MEC. Nunca se les hizo caso.

El mercado del maíz blanco en México, orientado principalmente a la producción de harina, está muy concentrado: hay un oligopsonio, donde tres grandes empresas acaparan 87 por ciento de las compras: Maseca, Minsa y Cargill. Son ellas las que de facto fijan el precio al productor; no el gobierno federal. Anteriormente Conasupo determinaba los precios de garantía y ordenaba el mercado. La desapareció el neoliberalismo con el pretexto de terminar con la corrupción y ahora quien ordena el mercado son estas corporaciones. Por eso los productores sinaloenses demandan al gobierno las obligue a sentarse a negociar con ellos.

Ahora bien, la cosecha otoño-invierno para la que los productores del Noroeste están pidiendo un mínimo de 7 mil pesos la tonelada, fue producida con un dólar más caro que ahora, con fertilizantes más caros que hoy, cuando estaba vigente un precio internacional de cuando menos 300 dólares la tonelada. Ahora, la tonelada apenas alcanza 230 dólares, con un peso más fuerte. Se produjo caro y se va a vender barato, se derrumbó la rentabilidad. El problema será mayor para la cosecha primavera-verano y hay que irlo previendo, pues entrará al mercado la cosecha de estados como Guanajuato y Chihuahua, donde el costo del riego es más del doble que el de Sinaloa.

Resulta paradójico que, a pesar de que el precio internacional del maíz baje, no bajen la masa y las tortillas. Y que, con un maíz forrajero mucho más barato, la carne, la leche y el huevo tampoco bajen de precio. A veces pierden los productores de maíz blanco, otras, los ganaderos y engordadores: siempre los consumidores, nunca las grandes empresas acopiadoras e industrializadoras.

En la crisis que se vive en el noroeste hay ciertamente esfuerzos importantes que reconocer: el del gobierno de Sinaloa y el federal por adquirir un millón o un millón 800 mil toneladas de la gramínea a 6 mil 965 pesos la tonelada y el apoyar sólo a productores de hasta 10 hectáreas y adquirir uno o 2 millones de toneladas por parte de Segalmex. Pero esto no resuelve el problema: los productores mayores de 10 hectáreas piden ser incluidos, luego que el gobierno los animó a sembrar maíz. No hay confianza en Segalmex, pues además de no contar con infraestructura de acopio y almacenamiento, suscita muchas dudas el megafraude perpetrado en la paraestatal. Hasta ahora, todos los involucrados se han esforzado en encontrar una solución, salvo los más y siempre beneficiados: las harineras.

Con todas las puntas que tiene la cuestión maicera se requiere una pronta y eficaz intervención del Estado para reordenar el mercado. Hay que iniciar un diálogo nacional para construir un nuevo orden que conjugue la soberanía y la seguridad alimentarias, un ingreso digno para los productores, estímulos para mejorar la productividad, precios muy accesibles para los consumidores; sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, recuperación de la rentabilidad, nuevo sistema de crédito rural, desconcentración de las compras e industrialización de la gramínea.

No se pueden seguir poniendo parches de justicia y soberanía en el lienzo dominante de la política agroalimentaria que tendió la globalización neoliberal.