Un juez federal de distrito con sede en Tamaulipas absolvió a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por dos cargos de delincuencia organizada relativos al caso Ayotzinapa, pero lo condenó a 92 años y medio de prisión por el secuestro de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP) de Iguala, entre ellos su dirigente, Arturo Hernández Cardona.

El ex alcalde deberá pagar una multa de 920 mil 700 pesos por reparación del daño, que se puede sustituir por 15 mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Hernández Cardona y otros dos de los secuestrados fueron asesinados por Abarca y cómplices, según sobrevivientes del plagio. Las denuncias por los homicidios fueron ignoradas por las autoridades de la época y hoy no están judicializadas.

Desde las primeras investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Abarca fue señalado como uno de los involucrados por los hechos del 26 de septiembre de 2014, cuando policías de Iguala, Huitzuco y Cocula participaron en la desaparición de los estudiantes y su entrega a integrantes del cártel Guerreros Unidos.

La Fiscalía General de la República puede impugnar el fallo absolutorio por los cargos de delincuencia organizada. En este caso el ex alcalde está acusado de vincularse con Guerreros Unidos y por la desaparición forzada de los normalistas.

Samuel Ventura Ramos, juez primero de distrito de procesos penales federales en Matamoros, ordenó suspender los derechos y prerrogativas de Abarca mientras dure la pena, que debe cumplir en el lugar que señale el juez de distrito en el penal del Altiplano, donde está detenido el ex edil hace ocho años.

De acuerdo con la sentencia, Abarca es responsable del secuestro de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, en 2013, en Iguala.

Hernández Cardona y los otros integrantes del FUP fueron secuestrados el 30 de mayo de 2013, un día después de que cuatro de ellos presentaron una denuncia contra Abarca, entonces edil de Iguala; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública municipal.

El 3 de junio de ese año fue hallado el cuerpo de Hernández Cardona, con los ojos vendados y claras señales de tortura y de ejecución.

En su momento hubo denuncias que ignoraron la entonces Procuraduría General de la República y el Congreso del estado.

El caso lo atrajo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2022.