El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exigió la libertad de cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, Chiapas, entre ellos el defensor del territorio Manuel Sántiz Cruz, a quienes el Poder Judicial del estado declaró culpables de un presunto homicidio el 17 de mayo pasado. La organización reclamó que se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.

Señaló que para establecer la condena, la juez a cargo le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte (que se les imputa a los cinco indígenas) aconteció en una patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc.

Además, manifestó que la autoridad dio valor a un acta de defunción alterada y utilizó criterios legales de 1993 es decir, de hace más 30 años, a pesar de todas las reformas que han ocurrido en México, que deberían de garantizar los derechos humanos.

Refirió que en las declaraciones rendidas el 3 de mayo pasado, Martín y Agustín Pérez Domínguez, Manuel Sántiz, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, que primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio por el que fueron sentenciados.

Los otros dos fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el primero de junio de ese año, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social número 5 de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros, y en represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad de éstos.

El Frayba indicó que ninguno de esos elementos fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.