ara unos que amanecen temprano, otro que no duerme, y eso es lo que ha hecho el presidente López Obrador ante el descarado embate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, en automático, de­secha toda iniciativa del Ejecutivo, por mucho que haya pasado por el filtro del Legislativo: en el transcurso de la mañana del pasado jueves, aquella invalidó el decreto presidencial que disponía la reserva de información sobre los proyectos estratégicos del gobierno federal; en la tarde del mismo día, el mandatario publicó un nuevo decreto que declara de interés nacional los proyectos de infraestructura prioritarios para el país. Y de pilón, otro, la mañana de ayer, que permite la ocupación temporal de tres tramos ferroviarios al declararse de utilidad pública decretada por el Poder Ejecutivo.

Como sucede en no pocas democracias latinoamericanas (Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Perú, por ejemplo) el Poder Judicial de México descaradamente se ha sumado –si es que alguna vez estuvo alejado de tal práctica– a la derecha y ultraderecha del país, tirando al bote de la basura su obligación constitucional de impartir justicia sin mediar interés o causa política, lo que resulta verdaderamente ignominioso cuando se sabe que aquel, por obligación, es el encargado de hacer respetar la Constitución. Así, este poder del Estado abierta e ilegalmente se suma –aunque de tiempo atrás se subió al carro– al circuito político-económico-mediático (léase lawfare) con fines desestabilizadores y golpistas.

No es gratuita la deshonrosa medalla que a pulso se ha ganado el Poder Judicial de México: 76 por ciento de los ciudadanos (y empeorando) desconfían del aparato oficialmente responsable de impartir justicia en el país, y como lleva las cosas, nada raro sería que a 100 por ciento, dada la corrupción que lo corroe y su descarada pertenencia al citado circuito.

El primer decreto presidencial (22 de noviembre de 2021) calificó de seguridad nacional toda información relativa a los proyectos prioritarios y estratégicos, como el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas. Ante ello, el INAI presentó una controversia y la SCJN sólo tardó un año y seis meses en dar curso al reclamo, pero tratándose de un asunto del Ejecutivo metió el acelerador.

Eso fue la mañana del jueves, pero por la tarde de ese mismo día López Obrador emitió un nuevo decreto en el que declara de interés nacional los proyectos de infraestructura federal. Se trata de un nuevo acto jurídico que echa para atrás lo invalidado por la SCJN, aunque no está libre de que ésta intente proceder en igual sentido, siempre en el entendido de que se trata de una partida en la que los ministros juegan damas chinas y Andrés Manuel ajedrez.

Ayer, el presidente López Obrador subrayó que engañan a la gente, son personas sin escrúpulos. El que se reserve una obra como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar. Pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas de que les digan mentiras acerca de nosotros. Lo cierto es que no hay ninguna disposición legal para negar información. La Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos del Tren Maya, y en todas las obras, y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención, y no invento nada.

Y de pilón, un decreto por medio del cual se declara de utilidad pública la conservación y prestación del servicio público de transporte ferroviario, su uso, aprovechamiento, operación, explotación y demás mejoras en tres tramos (que corren por el sur de Veracruz y Opera Ferrosur, de Germán Larrea), y ordena la ocupación temporal inmediata a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en su carácter de integrante de la plataforma logística multimodal a cargo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Entonces, el barón Larrea, Zedillo, los supremos y el INAI están al borde del infarto.

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que sigue la persecución política contra los panistas (Creel dixit): el gobierno de la CDMX “revisa la seguridad de 130 inmuebles implicados en la red de corrupción en la alcaldía Benito Juárez (léase el cártel inmobiliario blanquiazul)… Gracias al duende de la imprenta que se comió una S, ayer México SA amaneció con un Larrea se embolará, cuando debió decir se embolsará Banamex.

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