La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene sin resolver desde 2021 dos recursos en materia de seguridad nacional sobre el sistema de espionaje telefónico Pegasus.

Se trata de solicitudes hechas a la Secretaría de Hacienda y a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que hicieran pública toda la información existente en sus archivos sobre contratos y presupuesto destinado a la compra de ese dispositivo.

El antecedente son los requerimientos de datos 0000600231421 y 0000600240021, donde se pidió a Hacienda, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, que entregara “toda la información que tenga la UIF del programa Pegasus”. La dependencia se negó a presentar los documentos, con la advertencia de que podrían contener reportes que comprometerían la seguridad nacional.

Ante esto, el solicitante acudió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que en noviembre de 2021 ordenó que se entregaran cuando menos versiones públicas de los contratos.

Como antecedente, se mencionó que en julio de ese mismo año, al participar en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, afirmó que hallaron contratos de 2012 firmados entre el gobierno federal y la empresa Grupo Tech-Bull, por 32 millones de dólares para la compra de Pegasus. Las disposiciones del INAI fueron combatidas mediante los recursos de revisión en materia de seguridad nacional 26 y 27/2021, cuyo análisis está a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán.

En su fallo, la SCJN deberá resolver si los contratos para la adquisición de dicho programa espía son o no materia de seguridad nacional, y definir si es posible liberar versiones públicas de esos documentos, que permitan saber quién autorizó su compra y a qué instancias se destinó su uso.