El juzgado segundo penal con sede en Puente Grande, Jalisco, dictó el auto de formal prisión al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma Salazar, por el delito de homicidio calificado relacionado con el asesinato de Juan Castillo Alonso, entonces subdirector del Centro Federal de Reclusión Social (Cefereso) número 2, en hechos ocurridos en diciembre de 2000.

El proceso se llevará a cabo por medio del sistema penal anterior, por lo que se trata de una averiguación previa, donde se le dictó el auto de formal prisión.

El Güero Palma enfrenta también otro proceso penal por el asesinato del profesor de derecho y criminalista Juan Pablo de Tavira, perpetrado en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

La semana pasada la Procuraduría General del estado de Hidalgo (PGJEH), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), le notificó de lo anterior a El Güero Palma en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 del Altiplano, en el estado de México, donde se encuentra recluido.

Respecto a Castillo Alonso, fue asesinado de cuatro balazos, uno de ellos en la cabeza, con una pistola calibre 38 especial, adaptada con silenciador, la cual fue encontrada en el lugar delos hechos.

El ex funcionario federal estaba en su domicilio, una casa de interés social, cuando dos sicarios llegaron en un taxi, encontraron la puerta abierta y uno de ellos le disparó, según las investigaciones del caso.

Como subdirector de custodia se desempeñó de manera enérgica y no permitía corruptelas a los custodios, situación que en el Cefereso número 2 facilitó la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en enero de 2001.

Castillo Alonso estaba identificado con Juan Pablo de Tavira, creador del sistema penitenciario de máxima seguridad y quien había sido asesinado un mes antes en Pachuca, Hidalgo, dentro del campus universitario

Suspensión provisional

El ex director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio Molina Díaz, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, relacionados con actos de corrupción en la administración de Genaro García Luna, cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Sin embargo, en caso de que obtenga la suspensión definitiva o el amparo, los delitos por lo que se le acusan ameritan pri-sión preventiva.

Molina Díaz es uno de los ex funcionarios del INM que fueron vinculados a proceso a finales de abril por el delito de uso indebido del ejercicio público como parte de la acusación por la muerte de 40 indocumentados y 28 lesionados luego de un incendio en el centro de detención migratorio, el pasado 27 de marzo, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La juez María del Carmen Sánchez Cisneros, aparte de otorgarle la medida cautelar, le impuso pagar una garantía de 6 mil 500 pesos para que la suspensión provisional tenga vigencia.