Entre 9 y 12 años necesitará la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para concluir los procedimientos que tenía en trámite hasta octubre de 2022, cuando dejó de recibir demandas laborales por la entrada en vigor de la reforma que extingue al órgano jurisdiccional y ordena transferir los juzgados de esa materia al Poder Judicial, así como las funciones de conciliación al Ejecutivo.

El presidente del organismo, Eleazar Rubio Aldarán, explicó que al asumir el cargo en enero del año pasado recibió formalmente 134 mil expedientes rezagados, pero encontraron en oficialía de partes unos 16 mil para ser turnados, así como otros de incompetencias remitidas y juicios reactivados, para sumar más 155 mil.

Tan sólo de enero a octubre del año pasado llegaron más de 21 mil nuevos juicios y, al momento, desde el inicio de su gestión, se han concluido más de 43 mil.

En entrevista luego de suscribir un convenio con la titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Tobyanne Ledesma Rivera, explicó que hay asuntos muy complejos a los que se suman las argucias de los responsables para resistirse a la ejecución de laudos, como cambio de domicilio o de razón social.

Refirió que mucha fuerza de la junta se va en la atención de amparos directos e indirectos que se interponen en contra de sus actos, en particular contra dictámenes que de las juntas especiales, un promedio de mil 500 indirectos al mes; de hecho, refirió que la secretaría auxiliar de amparos fue la única área que no se tocó con la restructuración que implicó reducir de 330 a 200 plazas.

Hay de todo, desde asuntos en los que las partes ya perdieron interés hasta casos que llevan dirimiéndose 15 años. Si bien la reforma laboral dice que no se pueden alargar tanto, la misma norma lo permite.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de México redujo en 50 por ciento el número de juntas especiales de la dependencia, por lo que serán 10 las encargadas de atender los pendientes.

En un aviso publicado en la Gaceta Oficial, señala que el personal jurídico de las instancias suprimidas estará adscrito a las que continúan en operación, con lo que se fortalece su estructura interna para dar solución a los expedientes.

Hace dos semanas fueron despedidos los 20 titulares de las juntas especiales debido a las denuncias por la dilación de hasta cuatro años en el dictado de laudos, promociones fuera de expediente y sin trámite en la gestión, así como acuerdos que no se hicieron conforme a derecho.