El encarecimiento del suelo, la oferta de vivienda nueva limitada para familias de ingresos medios y altos, la falta de una opción a gran escala de viviendas asequibles, así como la escasez de créditos, han provocado una emigración casi forzada de 460 mil familias de bajos recursos en las pasadas dos décadas.

De acuerdo con el diagnóstico del nuevo proyecto de programa general de ordenamiento territorial (PGOT) presentado por el Gobierno de la Ciudad de México, cada año 23 mil familias son expulsadas a suelo de conservación y zonas de alto riesgo, donde erigen viviendas de manera irregular, lo que termina por afectar el acceso a la movilidad, infraestructura social, empleos de cercanía y servicios públicos.

El documento establece que el número de viviendas creció a un ritmo constante de 31 mil 250 viviendas por año entre 2000-2020; sin embargo, el rezago habitacional indica que 45.6 por ciento de la población habita en casas precarias, de las cuales cerca de 20 por ciento de la población lo hace con altos niveles de hacinamiento.

Respecto de la seguridad de la tenencia, añade que sólo 55.5 por ciento son propias y el resto son rentadas, están prestadas o en proceso de pago, intestadas o en litigio.

Hasta 2020, detalla, existían 3 millones 36 mil 239 viviendas, de las cuales 6.8 por ciento (207 mil 26) están deshabitadas; 2.4 por ciento (71 mil 780) son de uso temporal, y 90.8 por ciento (2 millones 756 mil 319) están habitadas.

Para fortalecer la función social del suelo, el nuevo proyecto de PGOT plantea la creación de una bolsa de suelo en zonas que cuenten con infraestructura y dotación de servicios básicos para disminuir la especulación inmobiliaria y controlar el incremento del valor del suelo.

También propone la regeneración y rehabilitación de zonas específicas de la ciudad que puedan considerarse como espacios públicos de reserva territorial, y la reutilización de predios propiedad del gobierno de la ciudad, así como la aprobación de proyectos de alto impacto con medidas de mitigación en las materias de ordenamiento territorial, previa consulta.

Sobre los asentamientos humanos, prevé la regularización de los que se encuentren determinados en los programas delegacionales de desarrollo urbano, cuyos riesgos sean mitigables y no se encuentren en zonas de alto valor ambiental, así como la reubicación de los que no cumplan con estos requisitos.

Además, establece la creación de un registro de asentamientos humanos irregulares con información poblacional, de carencias sociales y territorial de los predios y viviendas, para la integración de un expediente único.