Tres de cada cuatro hijos de padres divorciados no reciben pensión alimentaria, hay miles de casos de verdaderos fraudes a la ley de deudores, recurren a muchísimas tácticas para evadir sus responsabilidades y en 91 por ciento de ellos quienes padecen son niñas, niños y adolescentes, situación dolorosamente injusta que se busca resolver con las modificaciones legales aprobadas en el Congreso recientemente, afirmó la senadora de Morena Olga Sánchez Cordero.

Con los cambios a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de crear un registro nacional de personas deudoras alimentarias morosas, en el que se inscribirá a quienes dejen de pagar por más de tres meses la manutención de sus hijos, no podrán contraer matrimonio, realizar trámites administrativos –como solicitar una licencia de manejo– ni salir del país hasta cumplir.

Destacó que hace 10 años era impensable revertir una de las injusticias más dolorosas que podemos ver, la que comete una madre o un padre contra el bienestar de sus propios hijos en el regateo de la pensión alimenticia.

Durante un conversatorio sobre el impacto de esa nueva disposición, en Veracruz, Sánchez Cordero mencionó las nuevas obligaciones y las consecuencias que tendrán quienes sean deudores alimentarios morosos, entre otras, se les podrán congelar cuentas bancarias y el embargo precautorio de bienes.

Explicó que el registro nacional se integrará con listas definidas por jueces de lo familiar en cada entidad. Los mismos juzgadores podrán ordenar que se retire a quienes hayan cubierto el total de las pensiones y se cuente con las constancias y certificado expedido por el Registro Civil.

Se podrán hacer públicos los nombres de los morosos, explicó la ministra en retiro, y quienes estén incluidos en el registro no podrán tramitar licencias de conducir, pasaportes o identificaciones ni contender por cargos de elección, tampoco podrán ser jueces, magistrados o ministros.

Para realizar trámites notariales de compra-venta de inmuebles o solicitudes de matrimonio, se les pedirá el certificado de no deudores morosos. Podrán retenerse sus pasaportes y si se trata de extranjeros se avisará al Instituto Nacional de Migración.

Sánchez Cordero reiteró que es una legislación fundamental, que se complementa con la llamada ley 3 de 3, una reforma constitucional que el miércoles pasado concluyó su proceso al pasar por ambas cámaras y por la mayoría de las legislaturas locales a fin de publicarse en el Diario Oficial de la Federación.