El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que, por convicción humanista, en México no puede haber una política de seguridad de mano dura como la de El Salvador; en cambio, defendió su línea de atender de forma directa las causas de la violencia y la inseguridad.

El mandatario escuchó en la mañanera de ayer una pregunta sobre si México pudiera aplicar una estrategia como la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que incluye la construcción de la mayor cárcel de América Latina, así como la persecución y exhibición de presuntos delincuentes, aun a consta de violar sus derechos humanos.

Rechazó la idea, aunque dijo que respeta lo que cada país decida. No me meto a cuestionar ni a decir que la fórmula en otras partes es buena o es mala, cada quien tiene su manera de atender sus problemas de acuerdo con sus circunstancias.

Herencia del pasado

El Presidente destacó que fue en un gobierno de mano dura, como el de Felipe Calderón Hinojosa, cuando surgieron o se consolidaron los grupos del crimen organizado que hoy operan en el país, como el cártel de Sinaloa, lo que ha dificultado enfrentarlos.

“Hay quienes sostienen que lo más eficaz es la mano dura, las medidas coercitivas; esto es, leyes más severas, cárceles, decisiones de mayor energía, por no hablar de autoritarismo y, en los hechos, no respetar las libertades ni los derechos humanos, un poco lo que sucedía aquí (en México) en algún tiempo (…) no podemos, por convicción, por nuestro humanismo, llevar a cabo esa política, vamos a seguir nosotros con nuestra estrategia”.

Señaló que se ha mostrado que durante el gobierno de Calderón existió un narco-Estado, en el cual el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estuvo vinculado a la delincuencia organizada. Eso no se resuelve de la noche a la mañana.

Comentó que en esa época el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo manejaban narcotraficantes y Estados Unidos lo calificaba categoría uno de seguridad. En contraste, ahora que la Secretaría de Marina controla esa terminal, las autoridades estadunidenses lo ubican en el nivel dos.