La mayoría de casi 2 mil 500 demandas de amparo en contra de la Ley y Reglamento para el Control del Tabaco han sido desechadas, salvo 20, cuya sentencia fue a favor de las empresas para que existan áreas para fumadores en espacios cerrados o se mantenga la exhibición de cajetillas de cigarros en puntos de venta.

Aunque existen recursos de revisión en proceso, es posible que algunos casos lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso se verá aproximadamente dentro de un año, estimó Erick Antonio Ochoa, director de la organización civil Salud Justa.

En conferencia de prensa en el contexto del Día Mundial sin Fumar (31 de mayo) y para presentar la 18 Evaluación de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco, Maximiliano Cárdenas, coordinador legal de la asociación, comentó que desde la entrada en vigor de las reformas a la Ley General en febrero de 2022 se han interpuesto mil 924 demandas de amparo, la mayoría en juzgados de la Ciudad de México. Alrededor de 600 procesos más se iniciaron en contra del Reglamento que entró en vigor el pasado 15 de enero.

Más de la mitad fueron desechadas de inmediato. Del resto, en 90 por ciento de los casos los jueces determinaron que los planteamientos de las empresas implicaban afectaciones a la salud pública y las rechazaron. En tanto, en una de cada diez los juzgadores concedieron suspensiones provisionales a los quejosos por considerar, en general, que los ordenamientos violan la libertad de comercio de la industria.

Lo anterior, a pesar de que, desde la consulta pública realizada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ésta determinó que no existe tal afectación, sino que tanto la ley como el reglamento garantizan el derecho a la protección de la salud de las personas.

De todas maneras, señaló Cárdenas, con recursos de impugnación, el gobierno federal ha revertido esas suspensiones provisionales y, por lo tanto, también las suspensiones definitivas concedidas por los juzgados en ese 10 por ciento de demandas presentadas.

En representación de las agrupaciones que durante más de 12 años han impulsado las reformas legales y exigido el cumplimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco, suscrito por México, Antonio Ochoa resaltó que, aunque se logró la creación de la Ley General (que entró en vigor en 2009), también nos toca defenderla de los intereses de la industria, al menos con la denuncia pública.

Adriana Rocha, directora de sociedad civil y asuntos legislativos de Polithink, destacó que hasta ahora las demandas de amparo son en contra del contenido de la ley y su reglamento, pero no por su aplicación, pues todavía no existen acciones de implementación de las disposiciones legales contra el tabaquismo.