La sentencia de 92 años de prisión dictada a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, por el secuestro del defensor Arturo Hernández Cardona, y otros cinco activistas, no responde a la exigencia de justicia, aseveraron los familiares de la víctima y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña el caso. En el proceso, acusaron, las autoridades desde un inicio no tipificaron los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial pese a las evidencias y testimonios presentados.

Al cumplirse 10 años del asesinato del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, sostuvieron que se encuentran firmes en su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada en 2018, porque hay dilación de justicia y se ha negado a la familia conocer la verdad de los hechos.

María Magdalena López Paulino, de la mencionada red, expuso que los familiares y la representación exhibieron las pruebas y los testimoniales de personas que vieron cómo José Luis Abarca ejecutó a Arturo Hernández Cardona. El testigo Nicolás Mendoza Villa así lo declaró ante la Fiscalía del Estado de Guerrero en marzo de 2014; sin embargo, el jurado simplemente tipificó los delitos que tuvo a bien, sin tomar en cuenta las pruebas ofrecidas.

En entrevista en un conversatorio, afirmó que lo sucedido no sólo es responsabilidad de los jueces, sino del Estado en general, que ha sido omiso y esto lo podemos ver porque en julio de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a pedirle información y hasta la fecha no ha enviado nada.

En su turno, Alan García, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que en este caso aunque hay una sentencia, no hay justicia.

No puede haber condiciones de seguridad para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos mientras permanezcan las altas tasas de impunidad y agresividad que hoy existen, por ello es urgente realizar investigaciones efectivas y definir una estrategia para combatir de manera sistémica la impunidad que existe en prácticamente la totalidad de los delitos cometidos contra este sector de la población, manifestó.