La cuenta regresiva para la magna elección del 2 de junio de 2024 empezó ayer, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha dado respuesta a las impugnaciones a la reforma electoral.

El cambio legal del sistema nacional electoral, mejor conocido como plan B, entró en vigor el 3 de marzo pasado, pero luego de 21 días de vigencia fue suspendido por determinación del ministro Javier Laynez, para someterlo a un análisis de fondo.

Por tanto, en este momento el destino del plan B es una incógnita incluso para los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes por un lado ya organizan los comicios del año entrante con base en la ley vigente, es decir, anterior a la reforma, pero al mismo tiempo advierten que la SCJN tiene la última palabra para anularla por completo, validarla o dejar sólo unas partes a salvo.

Debido a la determinación del ministro, el INE detuvo los trabajos para adecuar el organismo al nuevo marco.

Una comisión integrada por siete consejeros tenía la encomienda de diseñar los pormenores de la reducción de vocalías en cada uno de los 300 distritos electorales en los que está dividido el país y hacer efectivas otras modificaciones en recursos humanos y materiales.

Posible estrés operativo

De ahí la razón por la cual el INE organiza los cimientos del proceso 2023-2024 con cierta zozobra, pues han reconocido que en cualquier momento la SCJN podría emitir su resolución y, eventualmente, meterlos en un estrés operativo.

El miércoles pasado, el Consejo General del instituto aprobó la producción de los materiales que no necesitan emblema partidista. La perspectiva en los documentos es que el proceso comienza la primera semana de septiembre, según la norma actual.

No obstante, la reforma reduce esta etapa y marca para noviembre el inicio de la preparación de las contiendas.

En la megaelección de 2024 los mexicanos votarán por 20 mil 662 representantes populares, desde presidente de la República, 500 diputados federales y 128 senadores hasta 19 mil 634 cargos locales, incluidas gubernaturas, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.