La intersección entre la migración y otras formas de discriminación, por género, raza y origen étnico, incrementa la vulnerabilidad de personas en movilidad, que sumado a la opresión por la marginación y la criminalización, suelen tener como consecuencia la violación sistémica de sus garantías, aseveró el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.

En un informe con datos de diversos países, resaltó que la criminalización los empuja a vivir y trabajar al margen de la sociedad y pueden aumentar su exposición a la explotación y al abuso.

Cuando se criminaliza y se deshumaniza a los migrantes mediante las políticas y la retórica, el mensaje que se transmite es que esas personas no son titulares de derechos y no tienen lugar en la sociedad. Esos relatos tendenciosos tienen amplias consecuencias, ya que reducen la confianza de las personas y las conexiones entre ellas y dan paso a una serie de medidas de política perniciosas, como prácticas de vigilancia generalizadas y no reguladas, el acoso a las organizaciones no gubernamentales y la limitación del espacio para los defensores de los derechos de los migrantes, señaló.

En el documento, González Morales destacó que, en contraste, las políticas de regularización de la migración permiten que quienes estén en esa condición salgan de la sombra para hacer efectivo su derecho al trabajo decente en condiciones justas y favorables y los protege de todas las formas de violencia.

Resaltó algunas de las medidas que han aplicado los Estados en esta materia, entre ellas, el programa que aplica el gobierno de Colombia para personas originarias de Venezuela. Se puso en marcha en 2021 y ha dado como resultado más de 2.5 millones de venezolanos registrados y más de un millón de documentados hasta marzo 2023.

También se refirió a la Ley de Migración de México, que incluye varias opciones para la regularización, como las figuras del visitante con permiso para emprender actividades económicas; el trabajador de países fronterizos de México, y el visitante por razones humanitarias.

No obstante, el relator especial de la ONU enfatizó que en general, los programas de regularización existentes en diversos países, incluidos los permisos de residencia temporal, que benefician a los solicitantes de asilo, las víctimas de trata y de otros delitos, no ofrecen más que una permanencia de corto plazo, sin acceso al mercado de trabajo o con un ingreso restringido. Por tanto, no satisfacen los criterios de una regularización basada en los derechos.