El gobierno de la Ciudad de México emitió el decreto que expide la Ley de Memoria local, cuyo objetivo es abrir los archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos como las represiones estudiantiles en 1968 y 1971 o actos de tortura en el edificio de la entonces Dirección de Policía y Tránsito capitalina.

También garantiza a víctimas y familiares el derecho a participar en las políticas públicas en la materia y crea la figura de sitios de memoria, como la Plaza de las Tres Culturas, las inmediaciones del Metro Normal y los sótanos de la plaza Tlaxcoaque, además de aquellos que determine la Comisión de la Memoria Histórica.

La Secretaría de Cultura capitalina será la encargada de preservar los sitios de memoria y promover actividades educativas, culturales y de difusión relacionadas con la conmemoración de los hechos, así como elaborar y mantener actualizada una relación de estos lugares.

La norma ordena la creación del Centro de Documentación y de Investigación de la Memoria, donde se reunirán, recuperarán y preservarán archivos y testimonios. Será el encargado de las gestiones para recuperar objetos e información, así como de difundir y divulgar sus archivos y testimonios orales.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local se ocupará de garantizar la conservación, el fomento del patrimonio cultural urbano y los espacios públicos donde hayan ocurrido estos eventos.

El gobierno capitalino también emitió el decreto que consuma la reforma a la Ley de Educación capitalina, por la que el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos se trasforma en universidad y los centros comunitarios del programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) se integran en un subsistema de educación comunitaria.