La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca, asesinado en noviembre de 2009, presentaron una denuncia en contra del Estado de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad jurídica en los abusos que su industria extractiva comete contra comunidades en el extranjero.

Utiliza una diplomacia económica mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para atender las necesidades de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan en las comunidades donde se asientan ni la violencia que gira en torno a éstas.

En conferencia de prensa, destacaron que el caso de Mariano Abarca refleja cómo actúa el gobierno canadiense en estos casos, pues el defensor fue asesinado por su oposición a la minera canadiense Blackfire Exploration, que estaba contaminando el agua y la tierra del pueblo de Chicomuselo por la explotación de barita.

En ese entonces, recordó Shim Imai, abogado del Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial, la embajada de Canadá apoyó a esta empresa para obtener licencias, hacer sus operaciones, para tener explosivos, pero hubo conflictos en la comunidad y ésta lo sabía, porque recibieron cartas y denuncias. Mariano Abarca incluso fue a explicarles los peligros y las amenazas.

Sin embargo, agregó, en lugar de contactar a la comunidad y hacer investigación, los funcionarios del gobierno canadiense fueron a la oficina del entonces gobernador de Chiapas para abogar en beneficio de la empresa diciendo que había demasiadas protestas y que la inversión canadiense es importante para la economía del país.

Las organizaciones, entre ellas Alerta Minera Canadá, manifestaron que este caso no es aislado. Casi podríamos mirar a cualquier estado del país donde hay concesiones mineras y vamos a encontrar conflictos con las empresas canadienses, entre ellos en Oaxaca, Morelos, Guerrero y Guanajuato.

José Luis Abarca, hijo de Mariano y abogado, explicó que el caso de su padre resulta clave para entender la gravedad de la estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país.

A su vez, el abogado Fabián Sánchez Matus refirió que por el asesinato de Mariano, que sigue impune, desde 2017 se presentó una petición ante la CIDH contra el Estado mexicano, la cual fue actualizada en 2020.

El año pasado la comisión le dio trámite, pero dado que México no respondió las observaciones que le hizo, el 21 de marzo del 2023 solicitamos que se declarara su admisibilidad, detalló.