La lucha contra la corrupción muestra un estancamiento; ninguna entidad del país ha logrado erradicar los sobornos, las influencias indebidas o la apropiación irregular de recursos públicos, e incluso se agravó en Chiapas, Ciudad de México, Durango, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas, revela el Índice de estado de derecho en México 2022-2023.

El diagnóstico, que por quinto año consecutivo elaboró la organización World Justice Project, revela que la ausencia de delitos en el ejercicio de la administración pública estatal y municipal no se ha logrado, debido a que se sigue usando el cargo público para obtener un beneficio privado en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales.

El reporte indica que la mitad del país tiene altos niveles de corrupción, como la Ciudad de México, siguen Quintana Roo, Chiapas, estado de México, Jalisco, Durango, Morelos, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Puebla. Las 14 entidades referidas son las más alejadas de las buenas prácticas dentro del servicio público y de la procuración e impartición de justicia.

En tanto, los estados que han logrado disminuir estas malas prácticas de servidores públicos, sin llegar a erradicarlas, son Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit y Aguascalientes.

Mientras en un nivel intermedio están Colima, Yucatán, Chihuahua, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Tlaxcala y Campeche. La corrupción impide la igualdad de oportunidades, el desarrollo sostenible, la democracia efectiva, y la ley no se aplica de forma equitativa, justa y eficiente, sostiene el reporte.