La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó destituir y arrestar por desacato a dos funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) por incumplir una sentencia de amparo relacionada con el decomiso de 235 millones 758 mil 631 pesos en joyas, realizado en 2014 en Cancún, Quintana Roo.

Ambos fueron hallados culpables de evitar que se realizara un cotejo entre los documentos de importación y los objetos decomisados sobre los cuales finalmente se emitió una declaratoria de abandono a favor del gobierno federal.

Celia Almaguer Hernández, quien tenía el cargo de directora general adjunta de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la FGR, y Víctor Manuel Munguía Baltazar, Ministerio Público adscrito a dicha unidad, son los inculpados.

Horas después del fallo, la dependencia informó que destituyó a los dos funcionarios y se inició en su contra una carpeta de investigación para ser consignados ante un juez federal.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presentó el proyecto de sentencia aprobado, señaló que las joyas fueron aseguradas por la FGR como parte de una investigación que empezó con una denuncia anónima por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando equiparado.

El presunto dueño de las alhajas, identificado como el ciudadano turco Apel Çelik, solicitó un amparo con la finalidad de que se le permitiera recuperar su propiedad, para lo cual pidió cotejar los 4 mil 569 artículos asegurados con las facturas que presentaría como prueba. Ganó el amparo ante un tribunal colegiado, que en octubre de 2019 ordenó llevar a cabo la diligencia.

Sin embargo, Munguía Baltazar y su jefa incumplieron con este fallo, por lo que finalmente se emitió una declaratoria de abandono sobre todas las joyas, que fueron entregadas al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Las autoridades (ambos agentes del Ministerio Público) no sólo omitieron acatar las conductas requeridas para favorecer el cumplimiento; además, en mi opinión, incurrieron en un ocultamiento y evasión de información que hubiera permitido celebrar una diligencia importante de vinculación de documentos de propiedad y de objetos asegurados, señaló el ministro González Alcántara.

En 2017, la Visitaduría General de la entonces Procuraduría General de la República presentó una denuncia por la desaparición de una parte de estas joyas, con un valor de 53 millones de pesos.