Ante la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, urgió ayer a dar nuevas y mayores respuestas.

Los cambios que se han sucedido en los pasados años en estos temas han cobrado una escala y una dimensión mucho mayor de la que se vivió en la década pasada, subrayó en la apertura de la segunda reunión plenaria 2023 de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Corett).

En el Complejo Cultural de Los Pinos recordó que durante la pandemia por covid-19 se tuvo un pequeño reflujo en la movilidad humana, pero en los pasados años ha habido un incremento significativo en el número de nacionalidades de quienes buscan transitar por México en busca de una oportunidad de vida, subrayó.

En este sentido, recordó que antes, las personas que atravesaban el país para llegar a Estados Unidos provenían de Honduras, Guatemala y El Salvador, pero hoy hay cerca de 120 nacionalidades distintas.

Encinas apuntó que en el problema migratorio y de trata ya no sólo influye la pobreza y la marginación, sino también nuevos fenómenos asociados al cambio climático, la violencia delictiva y la persecución política.

Agregó que esos dos delitos se ubican entre los tres que tienen mayor capacidad patrimonial para reproducirse, corromper a la autoridad e inducir a la comisión de otro tipo de crímenes.

El funcionario consideró que se requiere de toda la energía de los Estados nacionales y la cooperación internacional para enfrentar a las bandas delictivas.

Sandy Recinos, presidenta de la Corett, señaló a su vez que las consecuencias de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes aumenta cuando hay Estados que en lugar de actuar voltean la mirada hacia otro lado, dejando a las víctimas y sus familias sin la debida protección.