hiapas ha sido ejemplo histórico de lucha y resistencia colectiva de base en México y América Latina, cuya trascendencia ha radicado en su carácter popular, organización comunitaria y su apuesta política por la pacificación de sus territorios. Sin embargo, la complicidad entre el crimen organizado, el Estado mexicano y las empresas ha sido la piedra angular para que se continúen ejerciendo diversas violencias hacia las comunidades indígenas, personas defensoras y personas en movilidad humana.

La militarización de la región a través de la Guardia Nacional; condicionamiento de programas sociales y asistencialistas; imposición de megaproyectos sin consultas previas, libres e informadas, bajo la idea del desarrollo neoliberal, y los intentos de cooptación de líderes sociales para la desarticulación comunitaria, han sido algunas estrategias utilizadas para lograr que los poderes fácticos y hegemónicos consigan sus objetivos y beneficios a costa del desplazamiento interno, desaparición forzada, persecución política e incluso hasta muerte para las y los de abajo.

De acuerdo con el Informe 2023 Chiapas un desastre: entre la violencia criminal y la complicidad del Estado, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), esto responde a una lógica concreta de amparo a un modelo inversionista, desarrollista y de explotación de empresas, tanto legales como ilegales, consolidando un régimen totalitario, disfrazado discursivamente de demócrata y progresista (https://cutt.ly/VwrKsINH; p.17). Esto se visibiliza a través de la omisión del gobierno federal y estatal para reconocer el incremento de la violencia generalizada y de las acciones de simulación de búsqueda de memoria, verdad y justicia llevadas a cabo para atender situaciones de violaciones graves a derechos humanos documentadas por las mismas comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas. Sin embargo, son ellas y ellos quienes han recibido tanto violencias físicas como sicológicas, pues las narrativas [provenientes de los representantes del Ejecutivo federal y estatal] hacen uso estratégico de conceptos como derechos humanos, los cuales son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado, dando apariencia, en efecto, de una política de respeto, garantía y protección. (Ídem, p.16).

Esto ha generado una ruptura aún más profunda del tejido social entre comunidades y movimientos organizados encaminados a defender sus tierras, territorios y bienes comunes, a construir la paz arrebatada desde hace más de 40 años y, para combatir las desigualdades sociales, económicas y culturales que el gobierno en turno se ha negado a atender con base en las necesidades de las víctimas y comunidades indígenas. En su lugar, ha logrado consolidar alianzas con el crimen organizado, cambios legislativos y en políticas públicas que brindan mayores oportunidades para la invasión de sus tierras, la destrucción de los ecosistemas presentes en sus territorios, el desplazamiento y la desaparición forzada de sus integrantes.

Es importante señalar que la problemática del sur, sur-este global es también del norte global, pues de esa región provienen principalmente los actores que promueven la extracción de los bienes comunes y su transformación en mercancías desechables, crisis económicas y violencia generalizada. Esto se agudiza cuando los gobiernos y las instituciones responsables de garantizar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas tienen la vista obstaculizada por intereses capitalistas y hegemónicos, siendo los desplazamientos internos forzados uno de sus resultados. Es así que las desapariciones forzadas, los desplazamientos internos forzados y los ataques a las comunidades indígenas en resistencia, que continúan desde el levantamiento zapatista, son consecuencias del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados hace casi 27 años, lo que ha perpetuado una constante y prolongada guerra civil en Chiapas. Incluso pareciera que con el fortalecimiento del crimen organizado y la política de militarización en la región por el Estado mexicano, este último desconociera los procesos de pacificación y la crisis humanitaria que está viviendo el corazón de la lucha colectiva y resistencia combativa indígena. ¿Hasta cuándo el Estado mexicano seguirá desconociendo la profunda crisis humanitaria y la violencia extrema generalizada en el país? ¿Y cómo las y los próximos representantes presidenciales y estatales darán solución cercana a las víctimas y desde la construcción de paz colectiva en Chiapas? Es ahora que, desde el sur hasta el norte, mandando obedeciendo desde abajo y a la izquierda, necesitamos articularnos y organizarnos para recuperar y rescatar nuestros derechos humanos y colectivos de las manos de nuestros perpetradores y, desde el corazón combativo y colectivo reconstruir la paz y la resistencia en dignidad.

* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC