Es definitivo que se juzgará en Estados Unidos si el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y sus socios deben regresar al gobierno mexicano cerca de 650 millones de dólares del erario, pues su defensa se quedó sin argumentos para impedir el litigio entablado por la administración de Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer el titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez.

Ya no tienen recurso. Es definitivo e inatacable el juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna, afirmó en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, luego de que esta semana una corte de apelaciones de Estados Unidos desechó los argumentos presentados por los abogados de García Luna y falló a favor de que proceda una demanda civil interpuesta por México en Miami, Florida, para la recuperación del monto.

Gómez Álvarez presentó datos que indican que García Luna orquestó una red de familiares y empresas fantasmas para desviar dinero público a través de contratos con el gobierno federal. Mediante este esquema, obtuvieron 225 millones 212 mil 906 dólares durante el gobierno de Felipe Calderón, ganancias que se duplicaron en el periodo de Enrique Peña Nieto, cuando se hicieron de 420 millones 753 mil 293 dólares y 315 millones 266 mil 667 pesos.

Esto es un botón de muestra de que hubo un Estado corrupto en México y de que la trama de García Luna no se quedó en el tiempo en que él fue secretario de Seguridad Pública; siguieron operando con el siguiente gobierno, aseveró.

Es emblemático, porque es un caso concreto en el que se muestra cómo operaba el sistema de la corrupción durante 60 o 70 años, apuntó. En este contexto, alertó que la lucha contra la corrupción no debe interrumpirse, pues cualquier traspié nos podría llevar a lo que ya sabemos, que es lo que fue y cómo se gestó esta desgracia: el Estado corrupto.

Los demandados por el gobierno en este caso –distinto al juicio que se siguió a García Luna en Nueva York, donde fue encontrado culpable de narcotráfico y otros cargos– son el propio ex secretario de Seguridad Pública y su esposa Linda Cristina Pereyra de García; sus socios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su esposa Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro Gónzález y su cónyuge Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

También las empresas Nunvav, Nunvav Technologies, Gult Holding Enterprises, Glac Security, así como otras 40 consideradas fantasma por la Unidad de Inteligencia Financiera.

En cuanto el juzgado de Florida lo determine, el juicio entrará en la etapa de preparación y exhibición de pruebas, lo que incluye la presentación de documentos y testimonios a cargo de los demandados, sus cómplices, contadores, abogados y demás involucrados, así como operaciones registradas en varios bancos de Estados Unidos, México y Barbados, para esclarecer los flujos de dinero proveniente de las contrataciones que se procuraron por medio de actos de corrupción, de acuerdo con información de la UIF.