La decisión del bloque opositor de controvertir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma a la Ley Minera demuestra que PAN, PRI, MC y PRD están al servicio de los grandes empresarios del ramo, advirtió el presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta Mier.

Expuso que sólo así se explica que quieran echar abajo una legislación que regula las concesiones, impide que se especule con terrenos propiedad de la nación y elimina la expropiación por causas de utilidad pública de tierras en ejidos y comunidades indígenas donde existan minerales para entregarlas a empresas nacionales y trasnacionales, como ocurrió en los pasados sexenios.

El también presidente del Senado comentó que el proyecto original que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue modificado en la Cámara de Diputados por el fuerte cabildeo que llevaron a cabo los grandes consorcios mineros, pero de todas formas el texto que aprobó el Senado contiene avances importantes para recuperar la rectoría del Estado sobre metales y minerales, que son propiedad de la nación.

Señala además normas para racionalizar la explotación de los recursos naturales, especialmente el agua, a fin de evitar que las empresas agoten el líquido vital y contaminen el medio ambiente.

Preocupación

Lo más preocupante, expuso, es que ese Poder Judicial, que está sumido en la corrupción, invada facultades del Legislativo y acabe con lo logrado. No me extrañaría que la Corte resolviera eliminar lo que se aprobó para beneficiar a las empresas extranjeras, que tienen siete de cada 10 concesiones mineras.

Tampoco me extrañaría que fallara para que de nuevo opere esa figura de las expropiaciones por causa de utilidad pública, que no es otra cosa que arrebatar a indígenas, campesinos y comuneros sus tierras cuando en ellas hay reservas de oro, plata, cobre o algún otro mineral.

Resaltó que es urgente democratizar y sanear al Poder Judicial, ya que los ministros actúan con base en intereses de quienes los nombraron, sin importarles la justicia ni el respeto a la Constitución.