Tegucigalpa. Un motín en la principal cárcel de mujeres de Honduras provocó ayer la muerte de al menos 41 reclusas, la mayoría quemadas, en una tragedia cuya responsabilidad la presidenta Xiomara Castro atribuyó a las pandillas que siembran violencia en el país y suelen tener el control de las prisiones.

También se reportó el deceso de reclusas por heridas de bala y apuñaladas en la prisión de Tamara, ubicada unos 50 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, informó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.

Los equipos forenses que levantaron los cadáveres confirmaron que son 41 fallecidas, declaró Mora a la agencia noticiosa Ap.

Castro tuiteó que el “monstruoso asesinato de mujeres fue planificado por maras, a vista y paciencia de autoridades encargadas de la seguridad”.

La mandataria dijo que llamará al ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, y a la presidenta de la comisión interventora de las cárceles, Julissa Villanueva, a rendir cuentas, y advirtió: tomaré medidas drásticas.

El enfrentamiento dejó al menos siete heridas de bala y cuchillo que fueron trasladadas al Hospital Escuela, en Tegucigalpa.

Al cierre de esta edición las autoridades no habían informado los detalles sobre el origen o los motivos del enfrentamiento.

Según explicaron a medios locales algunas de las lesionadas que llegaron al hospital, el incidente comenzó cuando presas pertenecientes a la pandilla Barrio 18 entraron a uno de los módulos, dispararon contra las demás reclusas y les prendieron fuego.

La presidenta de una asociación de familiares de presos, Delma Ordóñez, refirió que en la madrugada se dio un enfrentamiento entre las pandillas rivales Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 en la prisión, donde hay unas 900 internas.

El módulo está completamente destruido, fue quemado en su totalidad, aseguró.

El siniestro ocurre casi tres meses después de que la presidenta Castro anunció una intervención en los 25 penales del país, debido a la violencia imperante y al autogobierno que ejercen los reclusos en esos centros.

Hace medio año se decretó también el estado de excepción en el país para combatir la violencia de las pandillas y el crimen organizado, lo que generó temores de que se apliquen aquí las medidas del mandatario salvadoreño, Salvador Bukele, rechazadas por la Organización de Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos.

Decenas de familiares nerviosos y furiosos se congregaron afuera de la prisión desde la mañana de ayer, poco después de que estalló el motín.

Julissa Villanueva, jefa del sistema penitenciario, sugirió que los disturbios comenzaron debido a los recientes intentos de las autoridades de reprimir las actividades ilícitas dentro de las cárceles y calificó la violencia de ayer de reacción a las medidas que “estamos tomando contra el crimen organizado.

No vamos a tolerar actos vandálicos ni irregularidades en esa cárcel. Se autoriza la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías, militares y se declara la emergencia, tuiteó.

Villanueva fue nombrada en su puesto después de que varios enfrentamientos en cuatro cárceles dejaron en abril pasado un muerto y siete heridos. La también viceministra de Seguridad anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, en las que hay unos 20 mil internos.

El plan incluye un desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en 100 por ciento de las instalaciones y el bloqueo total de la señal telefónica para que los reos no puedan dirigir acciones criminales desde las cárceles.

El peor desastre carcelario en un siglo también ocurrió en Honduras, en 2012 en la penitenciaría de Comayagua, donde 361 reclusos murieron en un incendio posiblemente causado por un cigarro o similar.

En años recientes han ocurrido motines, pero por lo regular en cárceles de hombres.