La oposición en el Senado insistió ayer en la comparecencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, para que informe sobre la tragedia registrada en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 migrantes.

Al instalar el grupo de trabajo plural que dará seguimiento al tema, el cual quedo encabezado por el morenista Rafael Espino, Beatriz Paredes (PRI) se dijo azorada de que a la fecha no haya responsabilidades penales ni decisiones administrativas en contra de los involucrados en el caso.

Consideró que ha habido una actitud institucional muy sorpresiva de pretender encubrir un acontecimiento, donde hay un conjunto de responsabilidades dramáticas de orden legal y penal.

Demandó que la autoridad informe sobre quienes están acusados y de qué cargos, cuándo se presentaron y ante quiénes.

Asimismo, estimó necesario conocer la situación específica de las estaciones migratorias, por lo cual planteó que los legisladores visiten dichos inmuebles. Debe haber una legislación muy clara para que no haya la posibilidad de confundir ese tipo de establecimientos con sitios de detención de migrantes, añadió.

De igual manera, pidió que el Senado exija precisión en torno a qué dependencia tiene jerarquía sobre el INM, pues la dualidad de responsabilidades entre la cancillería y la Secretaría de Gobernación le ha hecho daño a la políti-ca migratoria.

Por su lado, la panista Kenia López acusó que la tragedia de Juárez fue un crimen de estado y algo que marcará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Han pasado 86 días y no hay responsables de primer nivel.

Espino no respondió a las acusaciones de la oposición. Se concretó a manifestar su interés en que se lleve a cabo una investigación exhaustiva del caso para determinar qué sucedió realmente.