l instrumentar el proceso de federalización, en la firma del Convenio de Adhesión de la Ciudad de México al OPD-IMSS-Bienestar (15/6/23), Claudia Sheinbaum afirmó que se signa un convenio histórico que dará certeza a todos las/los trabajadores de la salud, sin que alguno vaya a perder su empleo. Además habrá mejores condiciones laborales, más 8 mil millones de pesos adicionales que llegan a los servicios (con equipamiento, tomógrafos, rayos X, medicamentos, material de curación, mantenimiento y conservación), más la basificación de cerca de 4 mil trabajadoras/es con plazas de honorarios, nómina 8 y eventuales que van a aumentar sus salarios. Porque, enfatizó, el tabulador de honorarios, de nómina 8 quedó muy antiguo: hay médicos especialistas sin plaza formal ganando 15 mil pesos mensuales. Ahora recibirán –más o menos– 36 mil. También habrá un sistema integrado –por primera vez en la ciudad– entre centros de salud y hospitales, mientras en la Universidad de la Salud se forman cerca de 3 mil jóvenes en medicina y enfermería.

Poco antes, Oliva López Arellano, secretaría de Salud local (Sedesa), garantizó que los servicios disponen de abasto de medicamentos de 96 por ciento (destinando 3 mil millones de pesos anuales) y 99 por ciento en material curativo, necesarios para el primer nivel de atención. Todos los pacientes se van con receta surtida y tratamiento, tanto en centros de salud y clínicas como en hospitales. Todo de manera gratuita. Con el proceso de centralización, aseguró, también se da prioridad al requipamiento (tomógrafos y rayos x) en coordinación con las autoridades federales. Destacó que la ciudad cuenta con 40 mil trabajadores, aunque faltan especialistas. Sí tenemos ese personal, pero por la alta rotación, se les presentan ofertas de trabajo y se nos van, además de que hay a quienes no les atrae trabajar en la periferia de la ciudad (La Jornada, 30/4/23).

Al culminar su mandato, Claudia Sheinbaum declaró (Monumento a la Revolución, 15/6/23) que en salud vivimos una pandemia que no queremos recordar porque dejó dolor, pero hay que decir que en la ciudad logramos un sistema único e hicimos el mejor programa de vacunación del país. Construimos tres hospitales.

Para no ser sólo discursos, es preciso asumir que el legado de la administración Sheinbaum (2018-2023), sólo en el capítulo laboral de Sedesa representa un extraordinario desafío. Heredando todas las controversiales figuras de contratación vinculadas al afortunadamente extinto Seguro Popular, a ella le correspondió diseñar, con el cuestionado funcionario Sergio López Montesinos, el llamado Galene Salud, funcionario que sostuvo que no se incluían bases definitivas porque se trataba de combatir la corrupción sindical.

Muy pocos días después de los discursos (20/6/23) se notificó a los trabajadores por honorarios (incorporados a Sedesa para enfrentar el covid-19) su basificación por el Insabi, formalizando el contrato con el ingreso a la nómina 1, con aumento de sueldo y prestaciones del la Ley Federal del Trabajo, todo lo cual es del todo correcto, salvo que la notificación deja en el olvido a más de 6 mil trabajadores que laboran bajo el régimen de Galene Salud y que fueron contratados con anterioridad. En Galene Salud hay profesionales hasta con 15 años de antigüedad –que se incorporaron con diferentes programas– esperando una base desde su ingreso.

Debe destacarse que la contratación de trabajadores por Galene Salud –por el funcionario López Montesinos sin sindicato, dígito sindical y escalafón– no sólo no homologa sus salarios con los de nuevos basificados, sino que los deja muy por debajo: en algunos casos el diferencial es hasta de 60 por ciento menos respecto de las nuevas bases del Insabi.

Las protestas fueron inmediatas en 22 hospitales de la red, quejándose especialmente de la falta de bases y de insumos. Lo que está en juego es el respeto a los derechos laborales del capítulo laboral entero de Sedesa que integran esos 40 mil profesionales, responsables directos del servicio y soporte principal del proceso de federalización.

La noticia sobre la basificación vía el Insabi –de los trabajadores por honorarios incorporados a Sedesa para enfrentar el covid-19– ha despertado la incertidumbre sobre los alcances, naturaleza y profundidad del capítulo laboral de la federalización para el resto de los trabajadores de Sedesa.

Toda vez que, para el caso del capítulo laboral del OPD-IMSS-Bienestar, ya ha sido cabalmente documentada la pérdida neta de ingresos que contienen sus Condiciones Generales de Trabajo (CGT-OPD-IMSS-Bienestar) respecto de las mismas Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud federal (CGT-Ssa).

Martí Bartres, ahora responsable de la jefatura de Gobierno, debe tomar cartas en el asunto y pasar del discurso a la propuesta de mejora efectiva de los profesionales de la salud frente al proceso de federalización en curso.

* UAM-X