n política las casualidades no existen y menos en un lapso tan breve como tres días. Por ello, es una buena señal que tras los recientes cambios en la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) –una de las instancias legales que mayores trabas puso a este caso, siempre para favorecer a la empresa involucrada– finalmente resolvió que el Sindicato Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, es el titular del contrato colectivo de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, en huelga desde el 30 de julio de 2007. Es de esperar que esta decisión se haga extensiva a los conflictos obrero-patronales que, desde la misma fecha y sin solución hasta ahora, se registran en Cananea y Taxco, todas concesionadas a Grupo México, del tóxico Germán Larrea.

A lo largo de poco más de tres lustros, el gobierno federal en turno, particularmente la Secretaría del Trabajo y su apéndice la JFCA, permanentemente bloqueó la solución de los conflictos, siempre con el fin de beneficiar a Grupo México, al cual le permitieron todo tipo de agresiones y actos ilegales en contra de los huelguistas, quienes a su vez estallaron las huelgas por “las ‘constantes violaciones a los contratos colectivos y la falta de seguridad e higiene en sus minas y plantas’”.

En lugar de resolver las exigencias del Sindicato Minero, en violación de la Ley Federal del Trabajo, el corporativo intentó desplazar al sindicato titular del contrato colectivo y recurrió a personal foráneo –la mayoría no especializado, por el que pagaba menos– y al armado de sindicatos blancos para evadir su responsabilidad.

Transcurrido el tiempo, Grupo México ilegalmente reinició actividades en la mina San Martín y cínicamente aseguró que fueron los trabajadores quienes decidieron renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos.

En todas estas maniobras ilegales, Grupo México y su barón feudal contaron con la complicidad de los gobiernos calderonista (que reprimió y desalojó a los huelguistas en Cananea) y peñanietista, mientras en el de López Obrador, con Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo, a la solución del conflicto se le dieron largas y más largas. Por ello, llama la atención que tan sólo cuatro días después del cambio de titular en esa dependencia, mágicamente se destrabó y, tras casi 16 años, la JFCA dio la razón al Sindicato Minero.

Lo anterior sin olvidar que esa misma institución fue la primera –atendiendo la exigencia de Grupo México– en declarar inexistente la huelga en las tres unidades mineras. Sin embargo, en diciembre de 2007 el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito amparó al Sindicato Minero, dejó sin efecto esa resolución y ordenó a la JFCA emitir una nueva. Y así se fueron a lo largo de poco más de tres lustros, con todo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la legalidad de los paros.

De hecho, el secretario calderonista del Trabajo, el impresentable Javier Lozano, presumía que, en caso de confirmarse la legal existencia de la huelga, habrá suspendido labores únicamente 33 por ciento de los trabajadores mineros sindicalizados que laboran para el Grupo México y dijo estar en la mejor disposición de contribuir a superar las dificultades existentes, con objetividad e imparcialidad. Y el entonces secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont, al mismo tiempo abogado corporativo de Germán Larrea) sólo sonreía. Más cínicos no pudieron ser.

Tras la resolución de la JFCA, el coordinador jurídico del Sindicato Minero, Nahir Velasco, señaló que ella es un duro golpe contra Germán Larrea, quien miente al decir que con los trabajadores (del sindicato blanco por él organizado) ilegalmente contratados no ha intentado romper las huelgas, y mediante porros y golpeadores armados pretende posesionarse de la mina.

Buena señal, y a sólo tres días de distancia (sin olvidar la solicitud estadunidense al gobierno mexicano para investigar violaciones a los derechos de los mineros). Quedan muchos pendientes, pero hay voluntad para su solución.

En vía de mientras, el cada día más nervioso Germán Larrea desesperadamente busca al embajador estadunidense, Ken Salazar.

Las rebanadas del pastel

Del nuevo diccionario de sinónimos, versión Luisa María Alcalde: denuncia por falta de resultados y ostentoso conflicto de intereses en su ejercicio como secretaria del Trabajo es igual a misoginia y machismo. ¡Olé!

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