El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) admitió conocer y resolver sobre las faltas administrativas graves presuntamente cometidas por la directora ejecutiva de registros y autorizaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, Esther Martínez Castañeda, al validar el funcionamiento mercantil de la taquería Don Eraki, propiedad de la familia del alcalde, Mauricio Tabe.

La residente e integrante de la comisión de participación comunitaria de la colonia Escandón I, Leticia Magallanes, se congratuló de que el órgano autónomo haya admitido a trámite la acción de responsabilidad administrativa del expediente que remitió la Contraloría General en abril pasado para determinar la posible sanción en contra de Martínez Castañeda.

La servidora pública es investigada por permitir que la taquería Don Eraki operara en la calle Progreso, a pesar de que violaba el uso de suelo.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México, la falta administrativa grave establece la hipótesis en que incurre en abuso de funciones el servidor público al realizar actos u omisiones que generen un beneficio para sí, para otras personas o al servicio público, o bien para causar perjuicio.

Magallanes fue notificada por el tribunal de la resolución, en la que se precisa que la funcionaria –en caso de ser responsable– sería inhabilitada por siete años para ocupar cargos públicos.

Los vecinos apuntaron que Martínez Castañeda se mantiene en el puesto, por lo que al realizar una búsqueda en el directorio de la página oficial de la alcaldía Miguel Hidalgo aparece la fotografía de la funcionaria con dicho cargo, el cual pertenece a la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía.

Confiamos en que prevalezca la justicia porque nuevamente demostramos que hay corrupción en la alcaldía; nos deja ver en qué manos estamos, por la ilegalidad con que opera, dijo Magallanes.

Daniel Tabe, padre del alcalde, continuará vinculado a proceso, luego de que un juez de distrito le negó el amparo contra la prisión preventiva que se dictó en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, tras amenazar con un cuchillo a un servidor del Invea.