A pesar de que la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), publicada el pasado 21 de junio en la Gaceta del Senado, otorga la autonomía por ley como nueva figura jurídica de esa casa de estudios, se pone en riesgo el carácter nacional de la universidad al establecer, en el segundo párrafo del artículo noveno transitorio, la facultad de los gobiernos estatales para determinar si quieren o no que las unidades que existan en sus estados formen parte de la UPN, señalaron profesores-investigadores de la institución.

Por ello, demandaron al Congreso y a los gobiernos de los estados no obstaculizar la integración de las 70 unidades académicas que existen en todo el país y sus más de 240 subsedes a la UPN, pues enfatizaron que uno de los acuerdos unánimes del Congreso Nacional Universitario, realizado en 2021, es que la universidad debía mantener su carácter nacional.

En entrevista con La Jornada, Dalia Peña, Edith Lima y Teresa Medina, profesoras-investigadoras de la unidad 131 de Hidalgo, denunciaron: de forma sorpresiva, el Congreso local presentó una iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley de Educación Superior del Estado de Hidalgo, en la que establece en su artículo 37 que para dirigir y controlar los recursos de la UPN en la entidad se creará un instituto coordinador, como organismo descentralizado de la administración pública estatal, pero sectorizado en la Secretaría de Educación de Hidalgo.

Esto, afirmaron, contraviene lo que establece el proyecto de decreto de la nueva Ley Orgánica que se analiza en el Senado, en la que se reconoce la autonomía por ley a la UPN, por lo que demandaron la anulación del citado artículo en el proyecto de ley estatal.

Al respecto, los profesores Macedonio Martín Ku, de la unidad Mérida; Carlos Peláez, de la Unidad Morelos, y Rosario Rivera, de la UPN-Ajusco, destacaron que uno de los ejes centrales, además de la lucha por la autonomía de la universidad, es que se respete su carácter nacional, pues tras el proceso de descentralización que vivimos en 1992 (...), la labor académica y administrativa de la institución se desarticuló.

Rivera recordó que si bien pese a la descentralización “se mantuvieron vínculos académicos de las unidades estatales con UPN-Ajusco, los efectos de pasar al control de los gobiernos estatales fueron enormes, pues se profundizó la opacidad en el manejo de los recursos y el control de grupos charriles, a los que hemos tenido que enfrentar por más de tres décadas”.