Alejandro Torres Chocolatl, comunicador e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), fue retenido alrededor de tres horas por presuntos agentes ministeriales de la fiscalía de Puebla, acusado de cierre de vías de comunicación y obstrucción de obras en 2019.

El activista calificó su captura de “levantón o intento de desaparición forzada” por el Poder Judicial local y la fiscalía general del estado”. Torres Chocolatl fue detenido por cuatro hombres armados, que no se identificaron ni presentaron orden de arresto cuando él se dirigía a comprar pinturas para terminar un trabajo que realizaba en una casa.

Los presuntos policías ministeriales lo presentaron ante el agente del Ministerio Público y luego lo llevaron a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Horas después lo liberaron en el estacionamiento del recinto.

El activista aseguró que esto es un acto de represión e intimidación, y responsabilizó a los gobiernos del mandatario poblano sustituto, Sergio Salomón Céspedes, y del edil de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal. Agregó que la privación ilegal de la libertad que sufrió se inscribe en el contexto de agresiones a pueblos originarios que se viven y padecen en el país.

El luchador social fue acusado por el gobierno de Puebla de obstruir las obras de construcción de un drenaje, que según los pobladores de Huejoztingo, iban a provocar la contaminación del río Metlapa al arrojar aguas residuales de la zona industrial de esa región.

Hace unas semanas, el mandatario Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente frenar el proceso legal contra Miguel López Vega, líder del FPDTA-MPT, quien llevaba un proceso similar por el que fue detenido Torres Chocolatl.

Días antes, el frente denunció que la fiscalía de Puebla actuaba con doble rasero, porque por un lado se habían quitado los cargos contra López Vega y, por otro, continúa el proceso para detener a Torres pese a que ambos enfrentan la misma causa penal.

La detención del integrante del frente se da a una semana de que Ardelio Vargas Fosado –uno de los represores del pueblo de Atenco y la APPO, entre otros movimientos sociales– fue designado subsecretario de Gobernación estatal por el gobernador Sergio Salomón.

Tras la detención del activista, integrantes del Frente Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, de un concejal del Congreso Nacional Indígena y organizaciones defensoras de derechos, exigieron su liberación y garantizar su integridad.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos denunció la irregularidad en el arresto, así como el hostigamiento judicial que frena e imposibilita la labor del defensor y su organización comunitaria.