a última semana del pasado junio tuvo acontecimientos fuertes en materia de seguridad, igual en Guanajuato, Guerrero y Michoacán, que ameritan acercamientos y lecturas específicas. Sin embargo, me concentraré en lo sucedido esos días en Chiapas, por lo que se reconoció y afirmó desde el poder tanto en el ámbito estatal como en el federal y sobre todo por los impactos que dejan tanto a nivel de organizaciones como las zapatistas y de derechos humanos como en la sociedad de la entidad y su impacto en todo el país. El 23 de junio el Presidente de la República realizó su conferencia mañanera en la capital chiapaneca con la presencia del gobernador Rutilio Escandón quien presentó un informe triunfalista sobre los avances en materia de seguridad en Chiapas, y recibió el reconocimiento del titular del Ejecutivo federal, pues según su dicho demuestra su eficacia no de palabra, sino con hechos. En la fase de preguntas se abordó la violencia, incluso armada, constante que se denuncia en las comunidades zapatistas. En respuesta, aparte de considerar que se está atendiendo Frontera Comalapa, Chenalhó y otros problemas, se afirmó que en general hay paz, hay tranquilidad en Chiapas. También llamó la atención el discurso presidencial ya recurrente contra los organismos de derechos humanos y las afirmaciones críticas al EZLN por considerar que impulsó una campaña antielectoral y en tono de que fue el colmo que desde España declaró que no tenemos que pedir perdón, contra su iniciativa de solicitar a España que lo hiciera por la invasión y sus efectos en nuestras tierras. Es decir que por agravios casi personales descalificó a uno de los movimientos emblemáticos tanto en nuestro país como fuera de él. Eso sí: concedió que al principio en 1994 despertó conciencias sobre los pueblos indígenas. No lo dijo, pero inferimos que tal vez por ello él mismo visitó a la dirigencia en aquel momento. Este capítulo tuvo una respuesta inmediata del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cuestionando el negacionismo oficial sobre una realidad lacerante y la descalificación que incrementa el riesgo y la impunidad sobre quienes se empeñan en la defensa de los derechos humanos.

El 27 de junio, cuatro días después de la mañanera comentada, en un hecho inédito, 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC) fueron secuestrados por hombres armados, cuando se trasladaban del antiguo aeropuerto de Llano de San Juan rumbo a Tuxtla Gutiérrez, en la carretera que une Ocozocoautla con la capital chiapaneca. Ese día por la noche se reportó un ataque con bomba contra la sede de la misma SSPC en Tapachula.

En un comunicado, la SSPC informó que de manera inmediata se estableció un operativo permanente por aire y por tierra para dar con el paradero de sus compañeros privados de la libertad, con apoyo de fuerzas federales, alrededor de mil elementos de las fuerzas armadas. Las horas siguientes los secuestradores enviaron videos, en el primero de ellos exigían las renuncias de Francisco Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública; Roberto Jair Hernández, director de la policía estatal preventiva, así como de Marco Antonio Burguete Ramos, director de la policía estatal fronteriza de la SSPC. En una aclaración no pedida, señalaron que el problema es con la policía estatal; no hay ningún problema con ningún otro tipo de autoridades. Luego en otro video mencionaron que contactaran al presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Chiapas para que liberara a Nayeli Cyrene Cinco Martínez, secuestrada el 22 de junio. Fue importante la movilización y bloqueos de familiares de los trabajadores cautivos como lo fue su liberación y llegada sorpresiva a su plantón y por supuesto muy afortunada, el 30 de junio.

Horas después, la SSPC aseguró en un comunicado que los empleados fueron liberados mediante operativos de las fuerzas federales y estatales. No se informó si las condiciones habían sido cumplidas. Desde un primer momento se reconoció que esa violencia es generada por la guerra entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación ( CJNG) por el control de las rutas de tráfico de drogas armas y personas sobre todo en la frontera con Guatemala.

Las exigencias y referencias de los secuestradores llevan a suponer ese trasfondo lo cual ameritaría una investigación detallada de las redes de complicidades y respaldo desde espacios oficiales. El hermetismo con que se está manejando el caso no debería ser obstáculo para que se informe sobre las negociaciones que pusieron en juego 16 vidas con resultado afortunado. La rápida y masiva movilización del estado para su rescate va más allá de salvarlos, es inocultable una realidad que rebasa las fronteras chiapanecas.