El Gobierno de la Ciudad de México enviará una iniciativa de reforma al artículo 345 bis del Código Penal capitalino con el propósito de endurecer los castigos por tala ilegal, afirmó el titular del Ejecutivo capitalino, Martí Batres Guadarrama.

En el texto que se entregará este lunes, se propone incrementar de 10 a 20 años la pena máxima de prisión y multa de entre 6 mil y 10 mil unidades de medida y actualización –equivalente a 622 mil 440 y un millón 37 mil 400 pesos– contra quienes de manera ilegal derriben, talen u ocasionen la muerte de uno o más árboles en suelo de conservación, áreas naturales, de valor ambiental y barrancas.

Los castigos también se impondrán a las personas que de forma ilícita y con fines distintos al uso doméstico comercien, distribuyan, almacenen o transformen madera aserrada proveniente de esas zonas.

El documento considera como agravantes que en dichos actos estén involucrados funcionarios públicos o beneficiarios de programas sociales de protección al medio ambiente, caso en el que se aumentará en una mitad las penas señaladas y se duplicarán cuando se dañe, destruya o cause perdida de la biodiversidad, recursos naturales, ecosistemas o especies endémicas.

Por ahora, el Código Penal de la ciudad establece condenas de 2 a 10 años de cárcel y multas de mil a 5 mil unidades de medida y actualización (entre 103 mil 740 y 653 mil 700 pesos), que Batres Guadarrama consideró como baja y eso hace que una persona tale árboles y luego encuentre rápidamente, con un amparo, su libertad y regrese a seguir talando. Ese es un fenómeno con el que nos encontramos.

Al señalar que el combate a la tala ilegal es una prioridad de su administración, manifestó que se realiza un gran esfuerzo para detener en flagrancia a los talamontes y mantenerlos en prisión, por lo que la reforma planteada permitirá garantizar que haya una sanción más fuerte.

Por su lado, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, informó que la iniciativa será compartida con los gobiernos de Morelos y del estado de México a fin de que dichas entidades homologuen las sanciones.