as trillas de maíz en Sinaloa casi han concluido y no hay solución a la falta de mercado en que se encuentran 4.2 millones de toneladas, de las más de 6 millones producidas en este ciclo otoño-invierno.

Desde hace cuatro meses, los agricultores sinaloenses buscaron con los gobiernos estatal y federal un apoyo emergente para obtener un precio de 7 mil pesos por tonelada que les permitiera la rentabilidad de su cultivo. En noviembre, al momento de la siembra, tuvieron costos de producción mayores en 33 por ciento, pero al acercarse la cosecha los precios internacionales cayeron alrededor de 30 por ciento, lo que los coloca al borde de la quiebra.

Han intentado de todo para ser escuchados por el presidente López Obrador: manifestaciones y marchas, propuestas, reuniones con el gobernador del estado, toma de las instalaciones de Pemex en Topolobampo y Guamuchil, reuniones con los secretarios de Agricultura y de Gobernación, demanda de audiencia en la Ciudad de México y conferencia pública, integración del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, toma del aeropuerto de Culiacán, mesas técnicas de análisis, pero su movimiento ha sido descalificado desde la 4T.

La estrategia que los gobiernos federal y estatal propusieron a principios de mayo consiste en retirar del mercado 2.1 millones de toneladas de maíz, a fin de impulsar un alza al precio, que se ubica en alrededor de 5 mil 200 pesos. Pero esta estrategia no funciona, entre otras cosas porque la agricultura mexicana, desde 2008, se encuentra en un mercado abierto con Estados Unidos y Canadá, de donde los compradores del grano pueden abastecerse a precios internacionales.

Segalmex comprará en 7 mil pesos a los productores de menos de 15 hectáreas cerca de un millón de toneladas y 300 mil toneladas más a agricultores medianos de hasta 50 hectáreas. El gobierno estatal comprará 500 mil toneladas a agricultores medianos. Así, retirarán un millón 800 mil toneladas de maíz de Sinaloa y dejarán fuera más de 4.2 millones de toneladas, y más de 9 mil productores mayores de 15 hectáreas. De ahí que los agricultores sinaloenses demanden que se atienda a todos los productores y toda la producción.

A la par, el presidente López Obrador emitió un nuevo decreto el 23 de junio que va en sentido opuesto al del 16 de mayo de 2022, e impone un arancel de 50 por ciento a la importación de maíz blanco. El nuevo decreto busca cerrar el mercado del maíz blanco que el anterior había abierto y que permitió a las empresas importar maíz proveniente de Sudáfrica y Brasil. Sin embargo, las importaciones mayoritarias de maíz tienen su origen en Estados Unidos y seguirán entrando sin arancel bajo el T-MEC.

Para julio, las bodegas de Segalmex están repletas y sólo ha pagado a una mínima parte de los agricultores, en tanto otros no han podido entregar un solo kilo. Ya que la agricultura es una actividad de alto riesgo, son necesarios instrumentos que garanticen a los agricultores la rentabilidad de sus cultivos.

El gobierno de la 4T se planteó avanzar en la autosuficiencia alimentaria en maíz, frijol, trigo y arroz, pero decidió cancelar los programas de comercialización que apoyaban la venta de las cosechas comerciales. Desde 2020 propuso una estrategia de comercialización con cero subsidios y eliminó los 9.7 mil millones de pesos anuales que correspondían a los programas de comercialización y que podían garantizar un ingreso objetivo, apoyar la compra de coberturas, así como fomentar la agricultura por contrato para dar algún grado de certidumbre a los productores en el libre mercado.

Entre 2020 y 2022 los precios de mercado internacional fueron lo suficiente altos y los productores no requirieron apoyos, pero ahora que son radicalmente bajos el gobierno se niega a subsidiarlos.

Desde 2021 el gobierno también eliminó el presupuesto de 3.1 mil millones de pesos destinado al financiamiento y seguro rural, además de cancelar los recursos para la aseguradora agropecuaria (Agroasemex), la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), el fideicomiso para la agricultura (FIRA) y el fondo de capitalización e inversión rural (FOCIR). Esto provocó que la mayoría de agricultores deban recurrir a la banca comercial o al financiamiento informal a través de los proveedores de insumos o de prestamistas. Los agricultores no cuentan con los recursos requeridos para invertir durante el periodo de cultivo, de ahí que el financiamiento influya de manera determinante en los costos de producción y en las posibilidades de conseguir mejores precios por sus cosechas.

Los agricultores sinaloenses han declarado que a falta de la banca de desarrollo, las tasas a las que obtuvieron el financiamiento para este ciclo, en lugar del 9 por ciento, rondan el 19 por ciento. Además, la mayoría de sus créditos vencen en julio y ya que su producto no tiene precio, temen caer en cartera vencida.

Si el gobierno decide abandonar a los agricultores comerciales y dejarlos a expensas de las fuerzas del mercado, no habrá autosfuciencia alimentaria, los esfuerzos productivos se perderán en la comercialización y el país importará cada vez más maíz.

* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano