l brutal homicidio del corresponsal de La Jornada en Tepic, Luis Martín Sánchez Íñiguez, perpetrado tras su secuestro el día 5 del presente mes, es uno de esos crímenes que conllevan más agravios que el de privar de la vida a una persona; además de la devastación causada a sus familiares y a su entorno social, su muerte es una afrenta a la sociedad en su conjunto por cuanto, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (FGJN), estuvo presumiblemente relacionada con su trabajo periodístico; es decir, había el designio de silenciarlo y, como puede colegirse del robo de su computadora y de un disco duro externo, de impedir que fuera conocida información en poder de nuestro compañero.

Así, no sólo se asesinó a una persona sino que se privó a la sociedad nayarita y nacional de conocer asuntos que sus verdugos desean mantener ocultos. Se trata, pues, de un atentado mortal en contra del periodista, y un ataque a la libertad de expresión y de una grave vulneración del derecho a la información.

El episodio criminal se complica más si se considera que, al mismo tiempo que Sánchez Íñiguez, fueron secuestrados en la misma entidad los también informadores Osiris Maldonado de la Paz y Jonathan Lora Ramírez, si bien ellos aparecieron, afortunadamente, con vida.

Más allá del interés específico de los criminales por acallar a Luis Martín, el caso representa un desafío inequívoco al estado de derecho y a la labor de los periodistas en Nayarit. Resulta ineludible la obligación de las autoridades locales de identificar a los responsables y presentarlos ante las instancias judiciales correspondientes para que se realice el pleno esclarecimiento de los hechos, la impartición de justicia y la neutralización del peligro que los autores intelectuales y materiales del triple secuestro y del homicidio de Sánchez Íñiguez representan para la realización del oficio de informar.

La FGJN debe empeñarse en resolver el caso en forma expedita, creíble y con respeto al marco legal e impedir que prevalezca la impunidad: sean quienes sean, los asesinos deben ser castigados conforme a derecho.

La Jornada lamenta y condena enérgicamente el homicidio de Luis Martín Sánchez Íñiguez y la privación ilegal de la libertad que padecieron dos de sus compañeros, expresa su pesar solidario a los familiares de Luis Martín y les ofrece su abrazo y su acompañamiento permanente.