Las autoridades registraron 2 mil 536 homicidios en el país en junio pasado, la cifra más baja para el mismo mes desde hace cinco años, aseguró ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien destacó que este delito se ha reducido en 17.5 por ciento en este gobierno.

En contraste, el feminicidio repuntó en un mes, al pasar de 63 casos en mayo a 81 en junio, un incremento de casi 30 por ciento, según cifras de la SSPC, por lo que seguimos intensificando la persecución y sanción a este tipo de violencia.

En la conferencia presidencial, Rodríguez también destacó que las acciones conjuntas de las instituciones de seguridad para combatir el robo de combustible ha redundado en la recuperación de recursos por alrededor de 276 mil 322 millones de pesos.

La secretaria señaló que de las seis entidades que concentran 47.8 por ciento de los homicidios dolosos en el país, hay un descenso en Chihuahua, que pasó de 194 a 173, y en Michoacán, con reducción de 175 a 134 entre mayo y junio, de acuerdo con los reportes de la SSPC.

Las otras cuatro entidades con mayor incidencia de ese delito son Guanajuato, estado de México, Baja California y Jalisco.

Rodríguez indicó que los 50 municipios con atención prioritaria en seguridad registraron la disminución de 6 por ciento en el impacto delictivo. Entre ellos, 28 reportaron reducción, 21 un incremento y un municipio permaneció sin cambios.

Jueces liberan a detenidos

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, reveló que dos jueces beneficiaron a personas que la Secretaría de Marina detuvo por su vinculación con el crimen organizado.

Detalló que el pasado 2 de noviembre, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) aprehendieron a cuatro personas que iban a bordo de una embarcación sin matrícula, a 237 millas náuticas de Huatulco, y llevaban 600 kilos de cocaína.

El juez Álvaro Niño Cruz consideró que la detención fue ilegal porque ocurrió fuera de la zona económica exclusiva. Este año, los magistrados del tribunal colegiado de apelación del 13 circuito confirmaron por unanimidad la resolución del juez.

Rodríguez Bucio expuso que también en noviembre, la Marina retuvo dos buques pesqueros (Cimarrón y Jacob), en los que viajaban seis personas, quienes llevaban a bordo gasolina cuyo origen no pudieron acreditar.

Fueron remitidas ante el juez Marco Alberto Vera, quien declaró ilegal la aprehensión y liberó a los detenidos con el argumento de que la Semar no cuenta con facultades en materia de seguridad pública para poner personal a disposición del Ministerio Público, sino que debe apoyarse en efectivos de seguridad pública.