El diputado local Jorge Gaviño Ambriz explicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que invalidó 62 artículos de la ley de centros penitenciarios no implica cambios sustanciales en la normativa, pues quedan intactas las atribuciones que el Congreso capitalino quitó a la Secretaría de Gobierno y reasignó a la de Seguridad Ciudadana (SSC), como la administración de los penales.