A pesar de que las auditorías forenses podrían tener un relevante impacto en la reducción de la impunidad y en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza cada año un número limitado de ellas, lo que restringe su capacidad institucional de detectar y sancionar ese delito.

En años recientes, las auditorías forenses han representado menos del uno por ciento de las revisiones, de acuerdo con información de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), el órgano de la Cámara de Diputados encargado de vigilar a la ASF.

De acuerdo con la UEC, dichas auditorías impactan también en la prevención, detección y sanción de delitos o de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas graves, así como de irregularidades financieras que vulneran la adecuada salvaguarda de los recursos públicos por parte de los ejecutores del gasto y de particulares que reciben recursos públicos.

En la revisión de la cuenta pública 2020, la ASF ejecutó menos de uno por ciento de auditorías forenses frente al total de las ejecutadas, lo que se considera una proporción reducida, señala un reciente informe presentado por la UEC a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que depende la ASF.

De ese modo, las seis auditorías forenses ejecutadas representan 0.4 por ciento del total de mil 616 revisiones ejecutadas por el órgano de fiscalización superior en ese año. Esa baja se observa de manera recurrente en años recientes, puntualiza el documento.

Además se observa una tendencia a la baja en la ejecución de auditorías de desempeño, que miden el impacto social de la gestión pública; la eficacia, eficiencia y economía de los procesos gubernamentales; la competencia de los servidores públicos a cargo de programas y políticas públicas, así como la calidad de los bienes y servicios gubernamentales ofrecidos a la población.

Al respecto, en la fiscalización de las cuentas públicas de 2013 al 2017, las auditorías de desempeño programadas por el órgano de fiscalización representaron porcentajes de entre 38 y hasta 60 por ciento del total de revisiones a ser ejecutadas cada año.

A partir de la fiscalización de la cuenta pública 2018, se observa una baja significativa en la programación y ejecución de las auditorías con este enfoque, y sus porcentajes frente al total de revisiones de la ASF registran 22.4 por ciento, 10.7 por ciento y 10.2 por ciento en las cuentas 2018, 2019 y 2020, respectivamente.