Jerusalén. Legisladores israelíes aprobaron ayer una parte clave del polémico plan del premier Benjamin Netanyahu para reformar el sistema de justicia del país, a pesar de las protestas masivas que han expuesto fisuras sin precedente en la sociedad israelí y acusan al gobierno de llevar al país hacia un régimen autoritario.

La cláusula, que evita que los jueces anulen decisiones gubernamentales con el fundamento de ser irrazonables, fue aprobada por 64 votos a favor y cero en contra, porque los legisladores de la oposición abandonaron la sesión en señal de protesta, algunos de ellos al grito de: ¡qué vergüenza!

En un discurso televisado, Netanyahu defendió la aprobación de la cláusula. Esta nueva etapa democrática busca restablecer un equilibrio de poderes, de manera que el gobierno elegido pueda aplicar una política conforme a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, argumentó.

Es la primera cláusula clave de la reforma que se convierte en ley. Otros cambios propuestos están destinados a restringir los alcances del Poder Judicial, desde limitar la capacidad de la Corte Suprema para impugnar las decisiones parlamentarias, hasta cambiar la forma en que se selecciona a los jueces.

Es un día triste, lamentó el líder opositor Yair Lapid, después de la votación. Esta no es una victoria para la coalición, es la destrucción de la democracia israelí, sostuvo Lapid, y agregó que apelará ante la Corte Suprema.

Miles de personas bloquearon la carretera principal de Jerusalén tras la votación. Las paredes y vallas a lo largo de la calle frente al máximo tribunal del país, la oficina del primer ministro y el Parlamento estaban cubiertas con cientos de calcomanías que decían: no serviremos a un dictador, democracia o rebelión y salvaremos a Israel de Netanyahu. La policía trató de despejar a la multitud con cañones de agua con olor a zorrillo.

Más temprano, los manifestantes bloquearon un camino que conducía al Parlamento y las grandes cadenas de centros comerciales y algunas gasolineras cerraron sus puertas en señal de protesta.

Los opositores ven la reforma como una toma de poder alimentada por quejas personales y políticas de Netanyahu –quien está siendo juzgado por cargos de corrupción– y sus socios.

En Israel, que no tiene una Constitución formal, el Poder Judicial desempeña un papel crítico de supervisión para los contrapesos en el país.

Se esperan más protestas, y el Movimiento por un Gobierno de Calidad, grupo de la sociedad civil, anunció de inmediato que impugnará la nueva ley en la Corte Suprema.

La principal central sindical de Israel, la Histadrut, anunció que su presidente, Arnon Bar-David, convocó a una reunión con la cúpula de la organización con el fin de llamar a una huelga general en protesta por la medida.

El presidente estadunidense, Joe Biden, criticó en un comunicado de la Casa Blanca la aprobación de la ley, al considerar que los cambios importantes en una democracia deben tener un consenso lo más amplio posible.