Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer la entrada en vigor de una enmienda del Código de Justicia Militar que dejará en manos de fiscales castrenses independientes y especializados, en lugar de los comandantes, la toma de decisiones claves en casos de abuso sexual, violencia doméstica y otros delitos graves que involucren a miembros del servicio activo.

La enmienda, en palabras de Biden, representa la transformación más importante en la materia estadunidense desde su comienzo, en 1950, y un punto de inflexión para supervivientes del trauma de abuso sexual al desvincular sus casos de las decisiones de la cadena de mando, un obstáculo en innumerables ocasiones a la hora de denunciar su situación.

La orden, publicada por la Casa Blanca, puso fin a años de presión por parte de los defensores de personas agraviadas para garantizar una mejor rendición de cuentas dentro de las filas, a pesar de la resistencia al cambio de los altos mandos militares.

El Congreso aprobó una ley que exigía el cambio en 2021. Desde entonces, el Departamento de Defensa ha tenido un plazo de dos años para constituir las llamadas Oficinas de la Abogacía de Juicios Especiales, compuestas por estos fiscales que decidirán, en lugar de los comandantes, si acaban iniciando un proceso judicial para esta clase de delitos, tanto en el ámbito estrictamente militar como en la vía civil.

Entre los poderes que ahora recaen exclusivamente en estos fiscales estará decidir si presentar o no cargos por delitos graves. La labor de estos defensores contribuirá, según la Casa Blanca, a reducir también las disparidades en las sentencias de casos de violación y abuso sexual.

Según los datos más recientes del Pentágono, hubo 8 mil 942 informes de agresiones sexuales que involucran personal militar en 2022, ligeramente por encima del año anterior. Del número total reportado, los comandantes tenían autoridad suficiente para considerar acciones legales en sólo 3 mil 188 casos, según las cifras oficiales.

El presidente Biden presentó un paquete de ayuda de armamento a Taiwán valuado en 345 millones de dólares, informó la Casa Blanca, para artículos y servicio de defensa y entrenamiento militar.

Apoyo militar a Taiwán y la respuesta china

Liu Pengyu, vocero de la embajada china en Washington, declaró, consultado por la agencia Sputnik, que Estados Unidos debe acatar el principio de una sola China y respetar los tres comunicados de ambos países: dejar de vender armas a Taiwán, no crear nuevos factores que generen tensiones en el Estrecho de Taiwán y dejar de plantear riesgos a la paz.

El Congreso autorizó hasta mil millones de dólares de ayuda en armamento de la Autoridad Presidencial de Reducción para la isla en el presupuesto de 2023, donde rechaza con firmeza las reivindicaciones chinas de soberanía.

Pekín ha exigido en repetidas ocasiones a Washington que detenga la venta de armamento a Taipéi.