s un misterio cómo o quién diseña la política migratoria mexicana, aunque formalmente hay una Unidad de Política Migratoria (UPM) y una subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Cabe también la posibilidad, como diría Adán Augusto López, que de eso se encargue Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Esta parte del organigrama de la 4T, ciertamente, no ha funcionado, tampoco el haber dejado solo, a sus anchas y sin control, al Instituto Nacional de Migración, a cargo de Francisco Garduño, responsable de la tragedia de Ciudad Juárez.

Dado este análisis somero, se podría decir que el tema migratorio no se toma en serio en México ni ahora ni antes. Recordemos a Paloma Guillén, hermana del Sub, y al inefable Humberto Roque Villanueva, ambos subsecretarios. Tampoco funcionó darle el puesto a académicos que no tienen contactos ni experiencia política.

Es un puesto complicado que requiere de autoridad, manejo político y conocimiento profundo del tema y sus vaivenes. Hay mucha corrupción en los funcionarios y mafias de tráfico de personas que combatir.

Además, se requiere de asesores que sean verdaderos especialistas, no el amigo o compadre del subsecretario, así como de gente en el campo, de antropólogos que investiguen de manera independiente, detecten los cambios en un fenómeno dinámico y cambiante y que reporten a los que diseñan las políticas que deben atender la coyuntura.

Entonces, la primera sugerencia sería rediseñar una subsecretaria de población y migración, con personal intersecretarial de alto nivel (Segob, SRE, STPS, SSA, SEP), que Conapo se encargue de la estadística, para eso tienen personal y están capacitados y, por otra parte, que la UPM sirva de enlace con las otras secretarías y trabaje en el campo, supervisando y evaluando el comportamiento de funcionarios, analizando los flujos a nivel de campo y estadísticas, y recogiendo información actualizada.

La coordinación intersecretarial es indispensable. Por ejemplo, se podría responder, de alguna manera, a la política migratoria del gobernador de Florida, DeSantis, que está afectando seriamente a los migrantes y a la comunidad mexicana. Florida depende de miles de trabajadores temporales mexicanos para las cosechas y éstos llegan con visas H2A. Habría que negociar o imponer un veto a Florida para que no vayan a ese estado.

Una medida similar se hizo durante el Programa Bracero y se impuso un veto a Texas por su actitudes y prácticas racistas en contra de los mexicanos.

La frontera con Texas es un problema, porque es muy larga y con muchas ciudades fronterizas y maquiladoras. Un veto o restricciones al tránsito de camiones, como se hizo hace un par de años, puede crear muchos problemas. Sin embargo, a pocos kilómetros de Ciudad Juárez está la frontera con Nuevo México, que puede ser una buena alternativa para evitar Texas y descongestionar a Ciudad Juárez, pero hay que crear infraestructura y definir políticas bilaterales con Nuevo México.

Hace unos días un juez de California dictaminó que los migrantes pueden cruzar la frontera y solicitar asilo, sin tener necesariamente que inscribirse en el Instituto Nacional de Migración que coordina, para Estados Unidos, el tránsito de los solicitantes de asilo en el vecino país. Esa fue una medida unilateral de Estados Unidos, cuando se dio la crisis de los haitianos en 2016 y la que fue sumisamente aceptada por México. Es parte del trabajo sucio que hace México para ordenar los flujos de extranjeros que se quedan varados en la frontera.

El gobierno de Joe Biden va a apelar esta medida, pero si una corte superior considera legítima la decisión del juez de California, esto tendría implicaciones muy serias para México, porque se van a reactivar lo flujos y simplemente los migrantes cruzarán la frontera y pedirán asilo. ¿Qué procede en este caso?

Durante esta administración se han hecho muchas concesiones, especialmente la del Título 42 y el programa Quédate en México. Pero no se puede seguir con políticas reactivas ni que Estados Unidos diseñe o imponga su política migratoria. No es conveniente aceptar que Estados Unidos financie programas migratorios en México, hay otras vías institucionales, con organismos internacionales. Pero tampoco hay que bajar la cabeza, es un quid pro quo, una cosa por otra. ¿Qué temas fronterizos afectan a México que se podrían negociar a cambio de ciertas concesiones? Hay que tener preparada una lista.

Durante este gobierno se erosionó un principio básico de la política migratoria bilateral, de que Estados Unidos no puede deportar a extranjeros al territorio mexicano. No importa que hayan cruzado por México, sólo se puede aceptar de vuelta a mexicanos. Hay que recuperar ese punto básico de la soberanía.

El tema migratorio es clave en la política electoral estadunidense, por lo tanto, ya es hora de hacer política y negociar sobre ese tema.